Explicó que al principio la Junta Calificadora de la Dirección General de Migración improbó a la empresa porque la Ley establece que la fianza de sostenimiento de oferta debe ser entre 1 y 5 por ciento, y la empresa la excedió a 5.9.
Dijo que cuando el Departamento Jurídico del Ministerio analizó el caso, encontró que esto no invalida el contrato y dejó sin efecto la resolución de la Junta, por considerar que no lesionaba los intereses del Estado y que, por el contrario, constituía mayor garantía.
Proceso
El funcionario anunció que en la tercera semana de enero abrirán las bases de licitación para los grandes procesos.
“Con eso se terminarán los rumores, las suspicacias, las dudas que puede haber”, dijo.
Afirmó que en esos casos puede haber intereses políticos, económicos y del crimen organizado.
López Bonilla agregó que las bases de licitación están generadas para cumplir con los requerimientos de seguridad hechos tanto por México como por Estados Unidos, porque el problema de la migración para ellos se convierte en asunto de seguridad nacional.
“Esto, por la posibilidad de que documentos de identidad de otros países sean usados por grupos terroristas para causar problemas al interior de Estados Unidos”, expuso.
La Luz
“Al asumir el control del Ministerio, el año pasado, ya estaba convocada una licitación pública internacional para el 23 de enero —2012—, y si le daba continuidad, tenía que recibir las ofertas, pero boté el evento”, refirió.
El funcionario añadió que la empresa La Luz no colaboró con el Ministerio. “La empresa tenía la operación en Estados Unidos de la impresión y distribución, pero bajaron el switch —se desconectaron— y nos dejaron en la calle, y eso implicó que tuviéramos que ver cómo lo resolvíamos”, manifestó.
Comenzaron a depurar las tres bases de datos, que no coincidían, según dijo el ministro.
“Empezamos a ver aspectos técnicos, y encontramos que desde el 2009 hubo trampitas para prorrogar; también tres millones de documentos físicos sin clasificar e imposible de confrontar con la base de datos”, expresó.
Según López Bonilla, observaron que durante cinco años no se actualizaron las licencias del software que administra la información.
Comentó que entre los ejes del plan estratégico del Ministerio necesitaban unificar la seguridad de documentos como el personal de identificación (DPI), el pasaporte y la licencia de conducir, que necesitan tener certeza.
Decisiones
López Bonilla aseguró que necesitaban agilizar el proceso y era un asunto de decisión. “Se trataba de un tema de seguridad nacional”, dijo.
Explicó que el contrato por Q29 millones con Techniques and Security and Systems TSS USA, Inc., con sede en EE. UU., para que imprima 150 mil pasaportes, fue para comodidad de los guatemaltecos que residen en el extranjero.
“Hicimos lo que la Ley nos permite. La ruta que establecimos para la operación es una legalmente establecida, y la tomamos y adoptamos”, enfatizó.
