¿Cuáles son las restricciones más comunes al acceso de información?
De León: Lo más común es cuando las alcaldías deciden ocultar información. Hemos tenido que actuar en varios casos, presentando recursos de revisión.
Las entidades que tienen oficina de acceso a la información la ubican en lugares lejanos, para complicar el acceso.
Alamilla: Hay una serie de argucias que generan problemas. Las entidades que más ocultan información son las municipalidades.
La gente quiere cierta información y el funcionario coloca candados e incrementa los conflictos.
¿Por qué en Guatemala no se logra una cultura de transparencia?
De León: En una sociedad con mucha violencia, lo que menos quiere el ciudadano es enfrentar a la autoridad.
Si la gente no sabe sus derechos fundamentales, menos conocen sus derecho ciudadanos.
Alamilla: La ciudadanía desconoce el contenido de la Ley de Acceso a la Información, a pesar que tardó 10 años para su aprobación.
¿Cuántas entidades cumplen con la Ley de Acceso a la Información?
De León: La entrega de los informes de acceso a la información vence el 31 de enero. Hasta el momento solo 500 instituciones han entregado sus informes, de mil 200 entidades.
¿Qué tipo de datos son los que más oculta el funcionario?
De León: El tema de recursos es el que más opacidad registra. Se quiere ocultar la calidad del gasto para que la ciudadanía no se entere.
Alamilla: Los funcionarios justifican que la violencia y las extorsiones obligan a ocultar datos.
Es claro que este tipo de información ni siquiera hay que pedirla; debe estar exhibida en las páginas de las entidades. Ese argumento cae por su peso.
En el caso de Gobernación, ¿qué contradicciones tiene el acuerdo 64-2015?
De León: Este acuerdo amplía lo que dice la Constitución en su artículo 30. En uno de los párrafos se asegura que por patrimonio o por salud mental no se puede dar información. Solo con estos dos hechos el acuerdo no tiene validez. Esto es inconstitucional.
Yo hablé con el ministro y le aseguré que la única vía era derogar el acuerdo.
Alamilla: Desde mi punto de vista, el acuerdo siempre fue nulo.
El ministro no tiene facultad legislativa, es un abuso del funcionario.
Estos acuerdos solo buscan burocratizar los procesos de acceso a la fuente de información y con esto solo se crean mayores problemas para la transparencia.
¿Qué advertencia queda para los funcionarios que pretendan limitar la información?
De León: Hay responsabilidad penal. A los funcionarios no nos corresponde decidir qué información damos y cuál no. La Constitución es clara, todos los actos de gobierno son públicos; no hay que irse por las ramas.
Alamilla: Quien lo quiera volver a hacer va a estar sabido de que tendrá consecuencias para su imagen. El que hace un acto que riñe con la ley se exhibe como ignorante.
¿Cuántas denuncias han presentado por el incumplimiento de la norma?
De León: El año pasado presentamos denuncias en contra de más de 60 alcaldes. Todas están en fase de investigación.
Alamilla: Le han dado a la PDH la responsabilidad de ser la rectora del acceso a la información, pero no le asignaron recursos necesarios.
El personal es insuficiente para fiscalizar a más de mil sujetos responsables.
¿Qué mensaje envía el hecho de que las denuncias no caminen en el sistema de justicia?
De León: Con un sistema de justicia tan complejo, con poca presencia en el territorio nacional, es sumamente difícil.
Hay que decirlo con toda honestidad, estos casos no son la prioridad. Los fiscales se enfocan más en los expedientes de secuestros y extorsiones.
Alamilla: Yo solo deseo reiterar que la información es algo más que un valor intercambiable, es un derecho social que debemos ejercer.
Las autoridades deben saber que deben rendir cuentas, y la ciudadanía debe hacer efectivo ese derecho.
Obstáculos a la ley
Las más señaladas son las municipalidades. La Procuraduría de los Derechos Humanos presentó denuncias en 2014 contra las comunas de La Unión, Zacapa; San Luis Jilotepeque, Jalapa; San Miguel Petapa, Guatemala, y Flores, Peten.
Trámite engorroso: las oficinas de Acceso a la Información piden una serie de requisitos difíciles de completar, según la PDH.
Oficinas alejadas causan retrasos en los trámites de información. Muchas de las entidades colocan al personal en lugares inaccesibles, según denuncias.
Poco presupuesto: la Procuraduría de los Derechos Humanos es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, pero no tiene recursos para su aplicación.
Datos como sueldos, gastos y personal administrativo son los que más funcionarios evaden proporcionar.
Acuerdos ministeriales que buscan limitar la aplicación de la norma son ilegales, aseguran diferentes sectores que velan por el acceso a la información pública.
