Los encargados del proyecto Libramiento de Chimaltenango advirtieron este miércoles 28 de septiembre que vecinos del área bloquean cajas de captación de agua de lluvia a la orilla de la ruta, lo que podría generar accidente viales y daños como los registrados en carretera a el Salvador.

“El Libramiento Chimaltenango informa a la población usuaria de la ruta y a los entes institucionales competentes que los diversos bloqueos de las cajas de captación de aguas pluviales que se utilizan para desfogar el agua de lluvia de la carretera y pueden poner en riesgo a los usuarios de la carretera, continúan”, dice un comunicado.

Agrega que “los taponamientos constituyen un hecho deliberado por parte de un grupo de pobladores de las áreas adyacentes a la carretera, lo que ha provocado, no solo la obstrucción del sistema de captación de las precipitaciones pluviales, sino perjuicios a los sistemas que en el momento de colapsar totalmente pueden representar, además de inconvenientes en el desfogue de las aguas, accidentes a los usuarios que transitan por la ruta diariamente”.

El comunicado añade que los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advierten que el área del Libramiento de Chimaltenango es susceptible a lluvias constantes que “provocan no solo saturación de suelos, sino también fuertes precipitaciones que, en el caso de la carretera deben desembocar en los lugares en donde se construyeron las cajas de captación, mismas que han sufrido bloqueos y taponamientos por parte de personas con intereses particulares”.

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Esas acciones, según detalla el documento, podrían afectar la transitabilidad de los usuarios de la ruta.

“Reiteramos el llamado institucional al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos para agotar las vías de intervención en favor de una pronta solución”, porque “las cajas deben ser destapadas con urgencia, para que las corrientes de agua fluyan de manera adecuada.

Con base a declaraciones recientes del presidente Alejandro Giammattei y del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, el comunicado refiere que, de no actuar con prontitud, podría ocurrir algo parecido a los que pasa en carretera a El Salvador, donde el taponamiento de una tubería constituyó en daños a la vía.

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“El libramiento presenta la misma situación, la cual ha sido denunciada al Ministerio Público por lo que implica; la acción identificada en ruta a El Salvador, según las declaraciones de prensa referidas, representa una deducción de responsabilidades legales en contra de las personas que las realizan. En virtud de la similitud de hecho que hay en el Libramiento Chimaltenango, en donde personas en favor de sus propios intereses, actúan al margen de la ley, obstruyendo las cajas de captación pluvial, una vez más solicitamos que los entes institucionales intervengan en la resolución del mismo, dado que los taponamientos podrían perjudicar el paso en la carretera, que es una vía alterna que optimiza tiempo, efectiviza traslados y por la cual que se moviliza el desarrollo del país”.

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Costo millonario

El Gobierno de Guatemala hizo una millonaria inversión ese proyecto, pues en total el estado desembolsó US$68.3 millones (unos Q528.6 millones).

Los 14.5 kilómetros de cuatro carriles que se planificaron para aliviar el paso de la carretera, denominada “Libramiento de Chimaltenango”, fueron presumidos en abril de 2019 por Morales como una “megaobra” e “hito histórico” para beneficiar a más de seis millones de guatemaltecos.

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Ahora la carretera es afectada seriamente durante la temporada de lluvia y el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto original y la obra aún no ha sido recibida de manera oficial por el Gobierno.

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Originalmente el costo era mucho menor. En julio de 2014, Caminos suscribió un contrato con la empresa Conasa por Q312.9 millones para la construcción del Libramiento de Chimaltenango, el cual fue incrementado en 17 ocasiones, a través de la emisión de documentos de cambio por Q74.2 millones.

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La obra está bajo proceso de investigación, pues el Ministerio Público sostiene que en noviembre de 2017 se suscribió un contrato modificatorio por Q64.5 millones, por lo cual la obra alcanzó los Q451 millones; luego de esto se creó la empresa Renova Ingenieros, entidad que no estaba inscrita en el Registro de precalificados de obras del CIV y presentó documentos falsos. Para luego recibir otro contrato que elevó a Q528.6 millones la obra.