Édgar Pérez, director abogado que asesora a los médicos mencionó que el amparo obedece a la mala gestión gestión que ha habido en la contención del covid-19, basado en lo que establecen las facultades del presidente de la República en el artículo 183, literal f de la Constitución Política de la República de Guatemala. (Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas).
Dijo que la acción que presentan es para proponerle al presidente una alternativa de cómo debe de contenerse el covid-19 en Guatemala.
“Hay una mala gestión presupuestaria que hace falta todavía ejecutar y esta acción constitucional busca eso que haya una eficiencia y eficacia en la ejecución presupuestaria”, dijo Pérez.
El abogado afirmó que ya se han vulnerado derechos a la vida, la integridad, la salud de la población en general por la falta de eficacia en la contención de la pandemia y que lo que está reflejado en la acción de amparo es decirle al presidente, a través de la CC que asuma sus funciones.
Los daños causados
En el documento presentado, los médicos dicen que el incumplimiento de las funciones de Alejandro Giammattei y de la ministra Flores han ocasionado agravios a la población, como los siguientes:
- Desprotección y colapso de la red hospitalaria nacional de referencia-específicamente el Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios.
- Desprotección y colapso de los hospitales de campaña -especialmente el Hospital Temporal del Parque de la Industria- que se encuentran en una situación de grave saturación en la ocupación hospitalaria, precariedad, abastecimiento insostenible, y de incapacidad de respuesta ante la demanda de atención
- Falta en el acceso seguro a la vacunación masiva covid19.
- Desprotección de los servicios de atención en salud a pacientes con enfermedades crónicas.
Zagreb Zea, presidente de la junta directiva del Hospital Roosevelt, dijo que presentaron la acción de inconstitucionalidad, porque consideran que se ha violentado el derecho a la salud y el acceso al derecho a la salud al más alto nivel, tomando en cuenta los artículos 93 al 96 de la Constitución Política de la República, donde detalla que a las personas de Guatemala se les debe de garantizar acceso al más alto nivel de salud.
Refirió que es contra el presidente Giammattei, porque a él le compete llevar a cabo esta acción de garantizar la salud de los guatemaltecos y también contra la ministra Flores, porque es deber del Estado, a través de su Ministerio de Salud, velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, brindando los servicios necesarios.
Refirió que el 10 de abril de 2020, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se instó a los Estados que la componen a “disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral para hacer efectivo el derecho a la salud (…) con objeto de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando las medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud”.
Añadió que el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales, culturales y políticos, Protocolo de San Salvador, en su artículo 10 determina que: “los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:”
- La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas
- La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole
- La educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud
- La satisfacción de las necesidades de salud de los sectores de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean los más vulnerables.
Fallas
Zea dijo que se han habilitado hospitales temporales que no se han dado abasto para atender a los pacientes covid-19 y al final los centros hospitalarios que siguen sacando el trabajo son el Roosevelt y el San Juan de Dios.
Señaló que se ha fallado en ese sentido, puesto que el Roosevelt tiene que seguir atendiendo pacientes covid-19, pero también otros servicios como maternidad, pediatría, especialidades quirúrgicas, ortopedia, cirugía general y todo eso hace que dicho centro asistencial no pueda reconvertirse en un centro de coronavirus, como se hizo el año pasado.
Zea dijo que si las autoridades van a pedirles, por ejemplo, que amplíen 25 camas, ellos lo pueden hacer, pero las autoridades deben contratar 25 médicos, 25 especialistas, 25 terapistas de la respiración, 25 enfermeras graduadas, 25 auxiliares, no es solo de decir que se amplíe el número de camas.
Expresó que al contratar a esa cantidad de personal y al tener un proceso adecuado, el país podrá contar con más capacidad de atender personas cuando finalice la pandemia y con ello se fortalecerá la red hospitalaria del país.
Señaló que en conclusión todo lo que se invierta en los hospitales del país, al final quedará al servicio de la población guatemalteca y que no se vaya todo a hospitales campaña como el del Parque de la Industria, que en algún momento tendrá que ser desmontado.
Las peticiones
En el documento entregado por los médicos en la CC, se plantean 12 acciones que le piden al presidente Giammattei y a la ministra Flores para enfrentar la crisis hospitalaria que ha generado el covid-19 y para reparar las violaciones al derecho a la salud que han cometido.
- Fortalecimiento de la red hospitalaria covid y no covid
- Producción de infraestructura y equipo de establecimientos hospitalarios de tercer nivel y de referencia por cada región del país
- Abastecimientos sostenido a hospitales en insumos, medicamentos y personal sanitario
- Abstención de ejecutar presupuesto público para festividades
- Agilidad en la ejecución del gasto público de la cartera de salud
- Utilización del Centro Médico Militar
- Imposición de precio tope para todos aquellos insumos y medicamentos que puedan ser de utilidad para el tratamiento y atención del virus SARS-CoV-2
- Adquisición y compra transparente que aseguren el acceso y suministro permanente a vacunas contra covid-19
- Cumplimiento de los aforos
- Readecuación presupuestaria actual con el objetivo de priorizar la cartera de Salud
- Garantizar de conformidad con parámetros internacionales, el acceso a la salud mediante la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V sin la restricción temporal más que, se aplique a partir de los 21 días siguientes de la primera dosis
- Garantizar el suministro de equipos de protección personal adecuados e insumos para higiene básico para normas y todo el personal y pacientes, aseo y mantención de establecimientos de acuerdo con estándares s para el control de infecciones
