Santos Vásquez Bautista, líder comunitario, expresó frente a los magistrados de la CC que la instalación de la mina en Sipacapa contamina el ambiente y que el agua empieza a escasear en algunas comunidades aledañas, por lo que el conflicto social cada vez se incrementa.
Sin consultar
Indicó que el Estado no respetó la consulta popular que efectuaron, en la cual el 90 por ciento de la población, de unas 30 mil personas, rechazó los trabajos a cielo abierto.
De igual forma no fueron consultados por la municipalidad para saber si estaban de acuerdo con esos trabajos.
“No respetaron que tenemos título de propiedad de la tierra, uno de los principales derechos que nos violaron”, expuso.
Ahora unas cien personas que laboran en esa empresa están contra el resto de la población, explicó.
“Pedimos, rogamos, suplicamos y exigimos para que se tomen cartas en el asunto para que la empresa no funcione en nuestra tierra”, dijo a la CC Vásquez Bautista.
“Si las regalías fueran del 90 por ciento para Guatemala no nos opondríamos, pero eso no es así, los recursos se van para otro lado y no es cierto que nos opongamos al desarrollo”, aseguró.
No tienen legitimidad
Ignacio Andrade, de la mina Los Chocoyos, refirió a los magistrados que el Consejo Sipakapense no tiene legitimidad para promover ese amparo, ya que no tiene personería jurídica.
Explicó que la acción debió haberse presentado un mes después de que fue otorgada la licencia y ellos accionaron seis meses después a través de un acta que presentaron como medio de prueba, en la cual se autorizan los trabajos de exploración.
Por lo tanto, no hay agravio para los que se oponen a ese proyecto, expuso Andrade.
Andrade pidió a la CC que deje sin efecto el amparo otorgado a la comunidad de ese municipio.
En el 2012, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la licencia a la minera Los Chocoyos para explotar minerales preciosos en la superficie. Poco después la empresa comenzó a trabajar en ese territorio.
Después de otorgarse el amparo provisional los trabajos de exploración se suspendieron en Sipacapa, San Marcos.
OTORGA BENEFICIO
El 27 de marzo pasado, la Sala Tercera de Apelaciones Civil y Mercantil otorgó amparo provisional al Consejo Maya Sipakapense, de Sipacapa, San Marcos.
El amparo tiene como objetivo que se respete el derecho de consulta del pueblo maya sipakapense.
Toda actividad iniciada por la empresa minera en Sicapaca debe suspenderse en tanto no sea respetado el derecho de consulta de pueblos indígenas regulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Ministerio de Energía y Minas debe tomar en cuenta el derecho de consulta que gozan los pueblos indígenas, antes de autorizar licencias mineras.
La resolución debe ser acatada.
Fallo
7 meses han pasado desde que la Sala otorgó el amparo.
