Consultados sobre la razón por la que aprobaron esa normativa, diputados de distintas bancadas se justifican con que “se aprobó porque nadie se opuso cuando llegó al pleno”. Y ante el rechazo de varios sectores afirman que promoverán en la Comisión de Agricultura un análisis a fondo de la norma y algún cambio.
Criminalización
Magaly Arrecis, experta en el área socioambiental, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indicó que la ley “beneficia directamente a los obtentores, que generalmente son empresas internacionales que modifiquen material genético”.
Explicó que la norma pone en riesgo la producción de pequeños campesinos, particularmente de subsistencia de maíz y frijol, porque es difícil controlar que los cultivos de semillas patentadas no se dispersen, “porque existe todo un sistema natural de transmisión de semillas por viento, animales y agua”.
Werner Ochoa, ingeniero agrónomo y catedrático universitario, coincide con la experta y agregó que en cuestión de materiales genéticos es muy complicado saber si el agricultor utiliza una semilla patentada porque esta puede moverse vía aérea o transportada por medio de insectos.
“El polen, de una u otra forma puede llegar a siembras tradicionales y las empresas, bajo el amparo de la Ley, pueden llegar a reclamar esos cultivos. De hecho, hay casos documentados en Estados Unidos y Canadá”, aseguró.
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Aura Elena Suchini, coordinadora de Recursos Fitogenéticos del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, reforzó la opinión de los expertos y aseguró que “la contaminación o polinización de semillas mejoradas es posible, ya que el polen de los maíces o de otra planta es diseminado por el viento o por insectos, y si hay otra plantación cercana, podría polinizar otro maíz”.
“Para evitarlo, esas plantaciones tendrían que estar alejadas, si no quieren que los agricultores tengan contacto con sus semillas. Tendrían que
aislarse, para que sus semillas no se crucen con otras plantaciones”, explicó Suchini.
Crisis y conflictos
Marco Vinicio Cerezo, presidente de la Asociación Nacional de oenegés de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), aseguró que la aprobación de la normativa “tiene consecuencias mucho más nefastas de las planteadas en un inicio”.
“Denunciamos las peligrosas consecuencias para la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad del país”, precisó Cerezo, quien agregó: “Es importante que la población sepa que hay un artículo en la Ley —52— que permite registrar especies conocidas, que abre la posibilidad para que cualquier especie vegetal sea registrada”.
Cerezo afirmó que la normativa plantea la privatización de los recursos genéticos del país, lo cual dejará a los agricultores vulnerables ante la especulación de precios, la escasez y crisis alimentaria en el corto plazo.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina, expuso: “Rechazamos esa ley porque es el principio de una privatización real de todos los recursos”.
“No debemos permitir que de a poco comience la eliminación de las semillas criollas y tener una dependencia de las semillas transgénicas. Jurídicamente analizamos cómo proceder en contra de la normativa para dejarla sin efecto”, advirtió.
El dirigente añadió que de no ser aceptados sus recursos podrían tomar medidas de hecho. No descartó que en el futuro, si no se hace nada para detener esa norma, haya más conflictividad en el país a causa de la imposibilidad de acceder a alimentos.
Por inocentes
Los congresistas, como niños distraídos, aseguran que no se percataron de que mientras celebraban los goles del Mundial aprobaron una ley que, según organizaciones campesinas y sociales, pone en riesgo el futuro de la seguridad alimentaria.
Carlos López, jefe del bloque Todos, afirmó: “Hoy se le está dando otra interpretación. Según nosotros, lo que aprobamos era una ley que garantiza los derechos de autor. Ahora vamos a ver si hay daños colaterales”.
Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden, aseguró que esa bancada tenía el lineamiento de apoyar la normativa, porque es parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, pero cambiaron de parecer porque iban a incluir varios cambios.
Para la jefa de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, fue una sorpresa la forma como se aprobó la normativa, razón por la cual ese bloque decidió retirar su apoyo antes de que se cometiera algún error que perjudicara a la población.
La congresista aseguró que su bancada analizará la forma de accionar contra la normativa, ya que atenta contra el artículo 90 de la Constitución, en donde se establece que se debe garantizar la seguridad alimentaria de los guatemaltecos.
Influencia
Monsanto estaría detrás
La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales es llamada “Ley Monsanto” por sus detractores, en alusión a una empresa transnacional que es señalada de aprovechar este tipo de normativas para patentar semillas en los países.
La empresa Monsanto, de capital estadounidense, no tiene representación en Guatemala.
“Esta Ley es inconstitucional porque viola los derechos de los pueblos. Beneficiará a empresas transnacionales de semillas tales como Monsanto, Duwest, Dupont, Syngenta, etcétera”, afirmó la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad.
En la página avaaz.org se promueve una campaña para recolectar 200 mil firmas contra la normativa. Luego será entregada al presidente del país.
Estuvo en espera
En la Ley de Propiedad Intelectual, en el 2000 se incluyeron dos artículos referentes a la protección de nuevas variedades vegetales.
En el 2005, con la firma del TLC entre Centroamérica y EE. UU. (DR-Cafta), se obligó a Guatemala a adherirse al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales suscrito en 1991. Se concretó un año después con el decreto 19-2006.
En el 2006, la Comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior elaboró una iniciativa con base en el DR-Cafta y la Ley de Propiedad Intelectual, Luego fue enviada a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, para su visto bueno.
Luego de dos lecturas quedó detenida, por el rechazo generalizado, pero el 10 de junio último fue aprobada, en medio de la fiebre del Mundial y la ampliación al techo presupuestario del CIV.
Indígenas
Accionarán para derogarla
Mario Itzep, coordinador del Observatorio Indígena, aseguró que han hecho un análisis, y que su principal conclusión es que “pone en peligro la seguridad alimentaria no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la población del país”.
“Presentaremos un recurso contra la ley, porque consideramos que viola los derechos de los pueblos indígenas, por el uso indebido de las semillas que son producto de culturas ancestrales”, dijo.
Reglamento
Se analiza con equipo técnico
Según Juan Pablo Guzmán, director de Comunicación Social del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, “se aprobó la ley sin ser consultados previamente”.
“Se ha nombrado a un equipo de técnicos, que hacen un análisis de la ley para emitir su reglamento. En función de los resultados que ellos generen se procederá, tomando en cuenta los principios fundamentales de soberanía alimentaria”, indicó Guzmán.
Dependencia
Atenta contra pueblos originarios
Domingo Hernández, de la Asociación Maya Ukux Be, argumentó que la normativa aprobada es un atropello contra las culturas milenarias que han cultivado el maíz.
“Sabemos que las grandes empresas tienen el poder de imponer sus normas sobre la economía campesina; que esto pase es muy malo, porque generará dependencia como país de los productos transgénicos que esas compañías venden”, señaló Hernández.
Congreso
Será discutido en comisión
El subjefe del Partido Patriota, Luis Fernández Chenal, afirmó que se solicitará a la Comisión de Agricultura del Congreso que se consulte a las entidades que estén a favor y en contra, para que antes de que entre en vigor se pueda enmendar cualquier error que se haya cometido.
Agregó que el Maga tiene que redactar el reglamento, en el cual podrían también aclararse los asuntos que temen los agricultores.
