La abogada Catalina Vásquez Ventura, representante de los demandantes, explicó que la apelación a la acción de amparo denegada por la Corte Suprema de Justicia se originó por tres aspectos.
Los reclamos
Los tres reclamos son, primero, la omisión de la CSJ de citar y notificar en ixil; segundo, que el ministro de Energía y Minas de esa época, Alfredo Pokus, omitió la consulta previa en las comunidades ixiles del municipio —debido a que aplicó el reglamento de la Ley General de Electricidad, artículo 5, para no celebrar la consulta—.
Según quienes presentaron los amparos, contraviene lo establecido en el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo.
El tercer aspecto es la emisión del acuerdo ministerial 244-2011, publicado en el Diario de Centro América el 14 de diciembre del 2011, por medio del cual se otorgó la autorización definitiva a Hidroxil, S.A., por 50 años.
El 6 de agosto del 2012, la CSJ denegó el amparo, por improcedente.
El segundo alcalde indígena de la localidad, José Chávez Brito, en idioma ixil, expresó: “Tenemos una gran preocupación porque somos invisibles, o sea que no nos consultan; nos han violado nuestros derechos. Y como autoridad, al igual que ustedes, vengo a pedirles que se derogue el acuerdo —ministerial— 244-2011”.
Agregó que son propietarios de los terrenos en donde se instalarán las centrales generadoras de electricidad.
Lucrecia Vásquez Casasola, del Ministerio Público (MP), señaló que en la sentencia apelada hay un voto razonado del magistrado César Barrientos, que indica que al no pronunciarse las comunidades dentro del plazo establecido, puede constituirse como procedimiento de consulta.
Agregó que no hay documento que acredite que se efectuó la consulta.
Por tal razón, Vásquez solicitó a los magistrados de la CC que deroguen el acuerdo, para dejar sin efecto la autorización para construir las dos hidroeléctricas.
Cumplió requisitos
Otto Leonel García Quinteros, abogado de Hidroxil, mencionó que se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley General de Electricidad.
Detalló que antes de la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se emitió dictamen favorable al estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.
García justificó que de acuerdo con la normativa de la cartera ambiental, para la emisión del dictamen se desarrolló un proceso de consulta, conocimiento público y sociabilización en las comunidades en las que se ejecutaría el proyecto hidroeléctrico.
En el 2011, el MEM autorizó a Hidroxil el uso de los caudales de los ríos Suchum y Xacbal para construir la hidroeléctrica La Vega 1, con capacidad de 38 megavatios, en el municipio.
