Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), dijo estar de acuerdo con la aprobación de esta normativa porque agiliza el tránsito y, además, es necesario regular las protestas.
“En todos los países debe existir el permiso para manifestar, y en Guatemala se ha vuelto un abuso el tema de las manifestaciones, pues es totalmente violatorio a la Constitución, debido a que va en contra de la libre locomoción y comercialización”, expresó.
Acciones
Daniel Pascual, representante del Comité de Unidad Campesina (CUC), expuso que analizarán si la Ley es inconstitucional y aseguró que el derecho a la manifestación no puede ser restringido.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, señaló que ven con buenos ojos el hecho de que se estén tomando medidas para facilitar el tránsito, y considera que la Ley contribuirá en la fluidez del transporte y en el ámbito económico del país.
Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua), espera que esta normativa sea vetada por el presidente de la República, Otto Pérez Molina, al asegurar que el mandatario ha prometido respetar los derechos humanos de quienes protestan.
Problema
Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, refirió que los túmulos son un grave problema, y por seguridad es mejor eliminarlos. “Una persona tiene garantías constitucionales como la libre locomoción y también para manifestar, pero sin entorpecer los derechos de los demás ciudadanos”, indicó.
Ana María de Klein, de la agrupación Madres Angustiadas, expuso que muchos túmulos son innecesarios, sobre todo los que se encuentran en las entradas y salidas de los pueblos.
En cuanto a las protestas dijo que todos tienen derecho a manifestar sus inconformidades, pero de una manera pacífica y sin bloquear el tránsito.
Rodolfo Rohrmoser, abogado constitucionalista, expuso que está de acuerdo, ya que los túmulos, talanqueras y protestas deben ser regulados por el Estado.
Pedro Cruz, dirigente de Jóvenes por Guatemala, se manifestó de acuerdo con la Ley, aunque espera que no sea mal utilizada para impedir las protestas pacíficas.
Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, afirmó que esta medida aprobada viola la Constitución.
Para el viceministro de Transporte, Guillermo Sosa, cada día, en el país, se colocan sin autorización y a discrecionalidad entre 15 y 20 túmulos, lo que dificulta la libre circulación.
Datos
15 o 20 túmulos se colocan a diario en el país en forma ilegal, según el CIV.
Q1 mil y Q 5 mil de multa y un año de prisión podrá recibir quien obstaculice el paso.
Protestas reguladas
Carolina Castellanos, de Amcham, dijo: “Algunos túmulos son puntos de asalto cuando se disminuye la velocidad”. Refirió que es conveniente regular las protestas que afectan la libre locomoción. “No es posible que por lo que un grupo quiere se ponga en riesgo la vida y seguridad de las personas”, dijo.
Fluidez vehicular
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, aseguró que son positivas las medidas que se están tomando, ya que se facilitará la fluidez del transporte en todo el territorio.
“No están coartando la libre expresión de los guatemaltecos y solo se está resguardando la libre locomoción en caso de manifestaciones”, puntualizó.
Derecho de todos
El diputado ponente de la Ley, Juan Alcázar, dijo que la quema de llantas y otros objetos durante las protestas podrían controlarse con la norma recién aprobada.
“Los manifestantes tienen la necesidad de ser escuchados, pero es otra vía. Debe prevalecer el interés colectivo ante el particular, y la gente ha actuado arbitrariamente”, afirmó Alcázar, quien negó que se quiera criminalizar las protestas.
Persecución penal
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, expuso: “El camino por restringir la democracia está avanzando con una Ley que permite perseguir penalmente a las personas que protestan al bloquear carreteras”. Agregó que analizan si accionarán de manera legal contra la recién aprobada normativa.
Represión evidente
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, aseguró que se viola la Constitución y que el fondo de la Ley es evitar las manifestaciones.
“La criminalización y la represión es evidente, y en ese sentido cualquier persona que manifieste y obstaculice una carretera será llevada a tribunales”, advirtió Rodenas.
“Piedra en el zapato”
Claudia Samayoa, de Udefegua, opina que la Ley está mal escrita para prohibir manifestaciones y reuniones públicas, al utilizar el concepto de otros obstáculos a la circulación. “Ahora resulta que la ciudadanía pasó de ser una piedra en el zapato de los políticos a ser un túmulo. Esto es inconstitucional. No pueden prohibir las protestas”, manifestó la activista.
