Álex Colop, jefe de esa unidad de investigación, declaró que de enero a la primera semana de octubre último registran 184 denuncias por trata de personas. De esa cantidad, 17 por ciento —31 expedientes— corresponde a adopciones irregulares y venta de personas.
“Hay casos que se encuadran en la modalidad de adopciones irregulares. Lógicamente, al momento de la investigación se determina que han incurrido en la alteración del estado civil, porque asientan la partida de nacimiento de los niños como propios, cuando no son los padres biológicos”, explicó.
Además, investigadores han detectado en denuncias anónimas y operativos casos de madres que han ingresado en sanatorios para dar a luz y se rehúsan a dar su nombre completo y su documento de identificación.
Niegan datos
“Se ha determinado que las madres se niegan a dar documentos porque los datos corresponden a la persona con la que han acordado la entrega del niño. La finalidad de la alteración de datos tendría la facilidad de registrarlo como propio sin ningún inconveniente”, detalló, y agregó que hasta la fecha tienen unos tres casos similares que ya están en investigación para determinar si solo fue un trámite irregular o se quería vender al bebé.
“Las personas optan por este método, ya que ahora no se requiere de notario para una adopción irregular —antigua práctica—. Ahora, las familias interesadas buscan a las madres biológicas, les hacen la oferta y se ponen de acuerdo para el cambio de identidad y entrega de los niños”, refirió.
El Fiscal aseguró que los procesos han surgido con denuncias directas y anónimas. “En la investigación lo que se busca es privilegiar el bienestar del niño, sabemos que existen muchas familias que tienen la intención de educar a un niño, pero desafortunadamente no cumplen con los trámites legales con el Consejo Nacional de Adopciones”, destacó.
Sindy Guzmán, jefe de Asuntos Registrales del Registro Nacional de las Personas (Renap), aseveró que esos casos se pueden dar si el médico responsable de certificar el nacimiento no revisa los datos y no se percata de que la madre cambia sus datos personales. “El médico que atiende el parto debe certificar el proceso del alumbramiento, nombre y DPI de la madre… Tiene la responsabilidad de validar la información que la progenitora da. De existir dudas, el profesional puede no validarlos”, explicó.
Aseveró que si el médico validó un certificado irregular, puede inducir a que el Renap emita un documento con errores, porque a las sedes llegan las madres y lo que se les pide es el documento que el médico por fe pública otorga y el DPI.
“Nuestros documentos base son el certificado, que debe llevar el sello y número de colegiado de la persona que atendió el parto, y el DPI. Si el parto fue atendido por una comadrona, el documento debe tener el registro que les da el Ministerio de Salud”, indicó.
Seguridad
El Ministerio de Salud implementó un protocolo de seguridad para evitar esos problemas en centros hospitalarios públicos.
Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, manifestó que se pide el DPI de la madre cuando ingresa en el hospital y se le toman las huellas dactilares. Cuando nace, al niño se le coloca una pulsera con los datos de su madre y el DPI de esta. El bebé debe ser registrado en la sede del Renap antes de dejar el nosocomio.
Añadió que en el caso de adolescentes, se debe alertar a la Procuraduría General de la Nación.
Vendía a su hijo
El pasado 1 de noviembre, Prensa Libre publicó el caso de un bebé de 1 mes de nacido, quien el Ministerio Público (MP) sospecha que fue vendido por su madre, Elena Chiquín Pérez Beb, por Q10 mil, a Irma Yolanda Dondiego Hernández, comerciante de productos lácteos en el mercado Colón, zona 1.
El trato se complicó porque no se cumplió con el acuerdo del pago. “Hernández solo quería entregar Q7 mil 500”, informó la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP.
El 30 de agosto último, pasadas las 21 horas, las dos mujeres se dieron cita en la 8a. calle final, zona 1, para cerrar la venta del menor, pero empezaron a discutir. Una reclamaba lo pactado y la otra mujer pretendía devolver al infante porque no tenía más dinero.
Fueron detenidas y el niño fue entregado a la Procuraduría General de la Nación. El Juzgado Segundo de Instancia Penal las ligó a proceso por trata de personas, en la modalidad de venta de menores.
El MP detalló que la madre había entregado a su hijo un día antes de la captura y solo esperaba que le terminaran de pagar. Fiscales indicaron que Dondiego Hernández tiene tres hijos y no comprenden para qué quería al bebé. Además, Pérez Beb era trabajadora del sexo.
