Santos Timoteo Vásquez Bautista, en representación de los 20 mil habitantes de comunidades de Sipacapa, pidió a los magistrados que se declare ilegal el otorgamiento de la licencia, por vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados.
“Y por eso exigimos que se cancele de manera rápida la licencia, y hemos buscado vías legales porque no queremos llegar a otros hechos que podrían ser lamentables, como sucedió hace poco cuando se realizaba una manifestación pacífica y uno de los trabajadores de la minera sacó su arma e hirió a uno de nuestros compañeros”, expresó Vásquez.
Recordó que este municipio cuenta con un título de propiedad colectiva, el cual se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Quetzaltenango.
Agregó que en el 2005 se celebró una consulta comunitaria en la cual la población sipacapense rechazó con el 99% de votos la minería en ese municipio.
No son afectados
Ignacio Andrade, abogado de Entre Mares, S.A., aclaró que los amparistas no llenan los requisitos para accionar de manera legal, debido a que no son afectados, por lo que hay “ausencia de agravio y de legitimación activa”.
Explicó que en todo caso le correspondería a la Procuraduría de los Derechos Humanos o al Ministerio Público (MP).
También detalló que la propiedad fue inscrita hasta 1999, pese a que la escritura es de 1919. “Durante 80 años esa escritura permanece en el olvido”, aseguró Andrade.
El MP, por medio de la fiscal Judith Rodas Morales, dijo que la Dirección General de Minería violó los derechos a las comunidades indígenas de Sipacapa, debido a que no se les consultó.
