Al contrario, las estimaciones que periódicamente hacen agencias especializadas en seguridad alimentaria en el mundo revelan que el número de guatemaltecos en crisis y emergencia alimentaria ha crecido desde el 2018 a la fecha.
Este reporte adoptado internacionalmente por muchos países se conoce como CIF —Sistema Integrado en Fases de la seguridad alimentaria—. En noviembre de 2018, este reporte calculaba en dos millones 115 mil el número de personas en el país en crisis y emergencia alimentaria.
Para junio del 2019, este número se había elevado a tres millones 60 mil. En julio de 2020 la cifra bajó a 1.3 millones, aunque sin tomar en cuenta el impacto de las tormentas ETA e Iota que golpearían al país en noviembre de ese año.
El cálculo para agosto de 2021 que ya incluía el impacto de dichos fenómenos climáticos fue de tres millones 458 mil. Finalmente, la estimación que se tiene para septiembre de este año aumenta el número de personas en las fases 3 y 4 del CIF a cuatro millones 600 mil.
El reporte CIF mide la seguridad alimentaria en cinco niveles o fases. El primero, en el que no se tienen dificultades para conseguir alimentos. El dos en el cual las personas ya experimentan algunos problemas y se califica como “estrés alimentario”. En la tres se transforma en una “crisis” y en la cuarta fase pasa a una “emergencia”.
El nivel cinco se considera “desastre” alimentario o hambruna, fase caracterizada por la carencia grave de alimentos que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de personas con las consecuentes muertes por inanición.
Planes
Diferentes gobiernos han impulsado programas para el combate de la desnutrición enfocados en la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables, pero los resultados no han llegado.
En el gobierno de Alfonso Portillo se lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional cuyo fin era asegurar la disponibilidad de alimentos. En el 2006, la administración de Óscar Berger lanzó el Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica.
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Con la llegada de Álvaro Colom al Gobierno se creó el programa Mi Familia Progresa que consistía en la entrega de Q300 a las familias con la condición de que enviaran a sus hijos a la escuela y a chequeos médicos. Mientras que con Otto Pérez Molina el programa cambió al Pacto Hambre Cero.
En el 2016 el gobierno del presidente Jimmy Morales hizo el lanzamiento de la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica que priorizaba a 82 municipios. Finalmente, en el 2020, el mandatario Alejandro Giammattei lanzó la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
Todos los planes han coincidido en dos aspectos: sus objetivos y sus pobres o nulos resultados. La desnutrición crónica sigue afectando a casi el 50% de los menores de 5 años, mientras que al menos 533 niños han fallecido por desnutrición aguda del 2017 a la fecha.
Apoyo a familias
Pero la reducción de la desnutrición, que el mismo Giammattei calificó el día que asumió el cargo como “el gran fracaso de nuestro país”, pasa por garantizar la producción de alimentos a las familias que viven de la agricultura y que han sido afectadas por las variabilidades del clima.
Según estimaciones, unos 600 mil hogares guatemaltecos se dedican a la agricultura de subsistencia e infra subsistencia y asegurarles la producción de sus propios alimentos reduciría la posibilidad de que entren en crisis o emergencia alimentaria y disminuiría los índices de desnutrición aguda y crónica.
Para el especialista en desarrollo rural, Adrián Zapata, el hambre que atraviesan miles de guatemaltecos año tras año es inherente con la realidad de pobreza que se viven en el área rural y que alcanza al 70% de esa población.
Considera que la responsabilidad de la situación de hambre en buena parte corresponde a la “indolencia del Estado que no ha sido capaz de impulsar una política de apoyo a la agricultura familiar”.
Zapata lamentó que los programas que han lanzado distintos gobiernos no han sido más que “discurso y narrativa” y no han fortalecido el sistema nacional de extensión rural para que defina soluciones que aseguren la producción de alimentos de manera permanente.
Señaló que el Ministerio de Agricultura ha jugado un papel asistencialista que más le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social.
El experto añadió que el fortalecimiento de este sistema pasa por inyectarle más recursos, lo cual demanda de una reforma tributaria; sin embargo, subraya que la corrupción también ha minado la capacidad de las instituciones de ejecutar programas y proyectos, aunque en la teoría los tengan.
“El Estado no solo no tiene una política pública de agricultura familiar, sino que las acciones aisladas que toma las hace en medio de la corrupción, por esto la situación es dramática”, acotó Zapata.
Acciones sostenibles
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Guatemala (FAO) cree que el país tiene oportunidades en el sector agropecuario y agroindustrial para generar ingresos y empleos de calidad, pero cualquier estrategia para enfrentar la inseguridad alimentaria debe ser sostenida en el tiempo y verse reflejada en el presupuesto.
Además, expuso que es ineludible contar con un sistema de protección social sólido y una reactivación económica enfocada en las personas más vulnerables cuya seguridad alimentaria está en riesgo.
“Si no hay un piso mínimo para garantizar los ingresos y la alimentación es difícil detonar un proceso de desarrollo”, subrayó Ricardo Rapallo, representante de la FAO en Guatemala.
El funcionario internacional dijo que ciertos programas implementados en Guatemala han sido positivos para las familias que viven en el campo, como el de alimentación escolar o el de incentivos forestales; no obstante, reconoció que “sin duda, los resultados no son los que esperamos”, ni son los que se merece “un país con el recurso humano y natural disponible”.
“La sostenibilidad de los programas, de las personas que los llevan a cabo y de los recursos para implementarlos, es clave”, expuso Rapallo, pero también la inversión pública para garantizar servicios como el agua potable y la asistencia técnica y financiamiento para miles de organizaciones y cooperativas que “están listas para dar el salto”.
Proyectos
El Maga, a través de su oficina de Comunicación, enlistó una serie de planes con que cuenta para garantizar la producción de alimentos a las familias campesinas.
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Entre estos, inversiones en la producción y compra de semillas biofortificadas, la creación de huertos familiares, comunales y escolares —de los cuales se han instalado más de 170 mil—, de los cuales, en muchos hay granjas de aves y otros animales, o piletas para la producción de tilapia.
Además, la promoción de cultivos nativos con alto contenido nutricional y medicinal y la entrega de estipendios agropecuarios a pequeños productores que implementen prácticas de conservación de suelos, como acequias de infiltración o drenaje, barreras muertas o terrazas individuales
Estas iniciativas prevén “la capacitación y acompañamiento de técnicos y profesionales del Maga para contribuir al fortalecimiento de la producción de alimentos”, aseguró la oficina.
Por aparte, también se trabaja en planes de emergencia para apoyar a unas 400 mil familias. Principalmente el almacenamiento de granos básicos, 280 mil quintales de la reserva nacional y 360 mil adicionales con la instalación de 30 mil silos metálicos familiares. Asimismo, se prevé la entrega de raciones de alimentos a 300 mil familias.
