Para evitar estos conflictos debe existir un canal sencillo a través del cual las personas puedan interponer denuncias cuando son víctimas de una agresión por parte de un agente estatal o de un procedimiento con abuso de autoridad. Por otro lado, la ciudadanía debe estar informada sobre cuáles son las funciones de las distintas autoridades y mostrar una actitud de respeto, explica Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
El problema, agrega, es que en Guatemala existe una cultura generalizada de violencia. Por esta razón nadie acostumbra a resolver sus conflictos por medio del diálogo o con la mediación de las instituciones responsables, sino se recurre a agresiones físicas y verbales que a menudo se dirimen en los tribunales.
Aunado a ello es recurrente que los distintos cuerpos policiales en las municipalidades no actúan con protocolos respetuosos de los derechos humanos. Esto deriva en un malestar de la población que constantemente denuncia que es víctima de multas injustificadas y abusos de estos oficiales.
Sin embargo, la legislación guatemalteca contempla como un delito aquellas agresiones y usos desproporcionados de la fuerza por parte de cuerpos municipales y de seguridad, advierten profesionales del derecho.
