Para quienes no lo conocen, el CIG es una proyecto que construirá dos puertos privados —uno en Izabal y el otro en Jutiapa— y los unirá construyendo una carretera, cuatro líneas de oleoducto/gasoducto, terminales para almacenamiento de combustibles en ambos nuevos puertos, una línea férrea de vía ancha y un corredor para transmisión de electricidad y fibra óptica. Todo esto en una franja de 372 kilómetros de largo y 140 metros de ancho que pasará por una propiedad privada en la cual se unirán dos mil 919 fragmentos de fincas cuyos propietarios están vendiendo esos bloques y que a la vez se convertirán en accionistas del proyecto. El CIG correrá cerca de la línea fronteriza con Honduras y El Salvador, y se visualiza como un canal seco para unir los dos océanos.

A mi parecer, este es el más exitoso ejercicio del poder local en la historia nacional, ejercido desde el pueblo y acompañado adecuadamente por sus autoridades. No existe en la historia latinoamericana reciente ningún otro ejemplo similar, con tantas personas e intereses involucrados.

La confianza de los propietarios, de las nueve mancocomunidades y de las 46 autoridades municipales y sus respectivos concejos es fruto de 13 años de gestión del grupo organizador. Todos ellos, lejos de dar paso atrás, como ha sido costumbre de muchos gobiernos locales, entendieron que este es un proyecto de nación y le dieron continuidad en el tiempo y en la sucesión de gobiernos locales. Además de inédito, este logro es un tremendo ejemplo para toda la clase dirigente del país.

Sector emergente

Un hecho significativo es que en el proyecto no participa ni uno solo de los grupos empresariales tradicionales; por el contrario, está integrado por pequeños y medianos empresarios ajenos a la supercúpula del sector privado.

Desde mi perspectiva, esta es la primera ocasión en que un proyecto de esta magnitud crece lejos de los grandes grupos de poder, esparciendo la propiedad y beneficios entre comunidades del interior y una masa de propietarios sin tradición empresarial, pero con un activo que irrumpe en la economía nacional. Ojo con un dato adicional: los indicadores de desarrollo social y humano en la región por donde pasa el CIG, son de los más bajos del país.

Como citan varios analistas, el trazo transita por varias localidades del corredor del hambre; hay bastante agricultura de subsistencia en buena parte del tramo y esta depende de variables como la calidad de la tierra, el clima y las oscilaciones del mercado para sus productos. En suma, la estabilidad económica del área de impacto depende de factores ajenos a sus capacidades porque no hay actividad empresarial y comercial que sea atractiva a mercados grandes y estables. Pero eso podría cambiar con el CIG.

Proyecciones

Es previsible la llegada de decenas de empresas que querrán aprovechar las ventajas de este proyecto. Además de facilitar el paso de mercaderías entre ambos océanos, el proyecto incluye facilidades para el establecimiento de fábricas en el primer país, ubicado en lo que es ya la real frontera del NAFTA —Canadá, Estados Unidos y México— y sus 500 millones de consumidores.

Me queda claro que el trabajo, inversiones y desarrollo que el CIG derramará sobre la zona oriental del país no tiene antecedentes en cuanto a su extensión, alcance, ni impacto social y económico en el país. Este puede ser el proyecto que, al igual que pasó en Holanda, Dubái y Hong Kong, cambien radicalmente la dinámica del país y nos permitan concentrar nuestra economía en actividades alternativas a la producción de materias primas, como la alta industria para exportación, los servicios y el comercio global real.

El comercio mundial está creciendo y reclama de cuando menos una ruta complementaria a las ya saturadas para mover sus mercaderías en la ruta interoceánica. Así que el éxito financiero está bastante seguro.

Por ser este un proyecto que pertenece a casi tres mil ciudadanos que incursionan en los negocios de alto nivel, es lógico el recelo que pueda surgir en la superestructura económica tradicional. Sin embargo, debemos tener la claridad de que por su impacto, el CIG abre una serie de ventanas de oportunidad para una cantidad inimaginable de negocios e inversiones derivadas. La demanda energética y comunicacional que implicará el establecimiento de industrias esperadas para su desarrollo en las zonas francas, por ejemplo, es un desafío de orden estratégico para grandes inversionistas. De la misma manera se calcula una altísima demanda para la industria nacional de la construcción en la etapa inicial ejecutiva, y para otras actividades, como el transporte pesado durante la etapa de operación. Esto abre la ventana a nuevas sociedades de empresarios locales y homólogos foráneos.

Por eso llamo a este un proyecto de ruptura: es un gran disruptor que modificará positivamente la dinámica social y económica de Guatemala para los próximos 200 años.