Retraso
Paz y Paz reconoce que es urgente que se integre el Consejo, ya que afecta el servicio que se presta a la población.
“Se debilita todo el sistema disciplinario, porque por más que se busque ser diligente, con una investigación seria, objetiva, rápida se sanciona a los malos trabajadores que apelan y siguen devengando un sueldo”, dijo la fiscal general.
Puso como ejemplo el caso de un auxiliar fiscal en San Marcos considerado como grave, a quien una víctima denunció porque la acosó sexualmente.
Eso fue detectado a través del sistema de evaluación de desempeño, pues se conversa con la víctima y se le efectúan preguntas respecto de la forma en que fue atendida, según Paz y Paz.
Otro caso es el de una fiscal del área metropolitana que tiene tres auxiliares fiscales que ya fueron destituidos, a quienes les asigna tareas con menos responsabilidad.
“No es justo para los compañeros que hacen un buen trabajo y se les recarga del mismo, mientras que los que ya fueron destituidos siguen cobrando su sueldo”, dijo.
El Congreso tiene desde noviembre del 2012 la lista de candidatos —Leopoldo Liu González, Marco Antonio Cortez Sis, Héctor José Monterroso Hernández, Abraham Méndez García y Édgar Abel López Sosa—, pero no se convocó a plenaria para efectuar la votación.
“No debería ser tan conflictivo, es de mucho beneficio para las víctimas, que merecen tener a los mejores funcionarios, que se les atienda con calidad y no tener funcionarios sancionados”, indicó la jefa del MP.
Paz y Paz aún confía en que antes de que termine su gestión en el 2014 los parlamentarios puedan reunirse y elegir a las dos personas que hacen falta.
No hay voluntad política
Pedro Muadi, presidente del Legislativo, explicó a Prensa Libre que esa voluntad política para elegir a los consejeros del MP no depende del presidente del Congreso ni del partido de gobierno, y para que las cosas se den debe haber 80 votos para algunos temas y 105 para otros.
“Es muy fácil echarle la culpa al partido de gobierno, es lo que todo el mundo hace, porque es la oposición que todo el mundo quiere y todo lo malo es para el partido oficial, pero la realidad es otra: las decisiones no las toma el Partido Patriota, no las toma el presidente, y si no ha pasado el Consejo del Ministerio Público es porque a esos 15 bloques no se les ha dado la gana”, manifestó.
Afirmó: “Este país va a cambiar cuando la clase política anteponga los intereses de país y no los intereses partidarios, cuando se piense en la próxima generación y no en la próxima elección”.
Afecta depuración
El Consejo del MP tiene a su cargo el proceso de depuración de la institución, pero está estancado. Del 2011 hay 114 procesos de destitución, entre ellos 12 agentes fiscales —dos eran jefes—, 35 auxiliares fiscales, 10 agentes de seguridad y personal administrativo. Algunos han sido procesados por negligencia, sobre todo en casos de investigación.
Mientras no se hagan efectivos los despidos, se pagan sueldos a esas personas, cuyo monto ya es de Q10.7 millones.
En el 2011, la fiscal general decidió la destitución de 63 empleados; el año pasado fueron 72, y en lo que va del 2013, 71. Además, a 70 personas se les ordenó suspensión de labores. Amonestaciones escritas van nueve, mientras verbales, 10.
Rigoberto García Santos, agente de seguridad, tiene ocho despidos por ausencia injustificada por más de dos días en un mismo mes.
Guillermo Zacarías Reynoso, intérprete, cuenta con cinco destituciones por ausencias injustificadas.
Mario Oswaldo Orozco López, auxiliar fiscal, tiene dos destituciones por acoso y agresión sexual a tres víctimas o agraviadas.
Resolución
Fallo de la CC
La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó de manera provisional dos amparos presentados por el Ministerio Público (MP) y el diputado Manuel Barquín, en abril del 2013, para que se suspendiera la interpelación del ministro Carlos Batzín.
La pretensión del ente investigador era que el Legislativo eligiera a dos integrantes del Consejo del MP.
Según la resolución de la CC, la acción de la Fiscalía se rechazó porque se considera que desde el 2010 el MP desempeña sus funciones sin que se vea afectado por la falta de consejeros.
De acuerdo con el ente investigador, esa resolución afecta la implementación de la depuración en esa institución.
La CC aún no ha resuelto en forma definitiva los amparos, por lo que el MP aún espera que puedan favorecerlo.
114 procesos de destitución ha autorizado la fiscal general, pero no se cumplen.
Q10.7 millones ha erogado a la fecha el MP en remuneración de empleados destituidos.
Leyes
Excluyeron agenda social
Aunque el Congreso culminó con 19 decretos aprobados, analistas consideran que los diputados olvidaron la agenda social y privilegiaron los intereses particulares y sectoriales como el privado.
Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indicó que en el 2012 la agenda fue marcada por el Ejecutivo, pero este año tuvieron que negociar más, por lo que “los decretos aprobados respondieron a intereses particulares o sectoriales”.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, recordó que el pleno estuvo detenido por casi nueve meses por la interpelación del ministro de Cultura, Carlos Batzín.
“Aprobaron agenda social escasa y les sirvió —al Legislativo— para lavarse la cara y limpiarle un poco la imagen”, manifestó.
Ambos expertos coinciden en que se privilegió la agenda para la comunidad internacional y para el sector empresarial, a través de las reformas a la Ley de Actualización Tributaria y las aprobaciones de tratados comerciales y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Leonel Soto, cuarto secretario del Congreso, justificó que la agenda legislativa se vio minada por la interpelación, y afirmó que los temas que se abordaron fue porque tenían mandato constitucional o porque tenían una fecha límite para ser aprobados, ya que así lo estableció una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Aprobado
Dos leyes aprobadas en lo social
El Congreso aprobó como agenda social la Ley de Registro Móvil para la Prevención y el primer paquete de transparencia, restan siete.
Se excluyó la iniciativa de desarrollo rural integral, reformas a la Ley de Vivienda y fideicomisos.
