“Deficiente supervisión y seguimiento de construcción de obras”, “no se exigieron pruebas de laboratorio para el control de calidad de los materiales utilizados en la obra” y “pagos de renglones de trabajo no ejecutados” son los hallazgos más frecuentes del reporte de la Dirección de Infraestructura Pública de la CGC.
El informe se basa en auditorías a 62 ONG efectuadas el año pasado, en 244 obras.
Entre los trabajos auditados figuran puentes, pavimentación de tramos, edificios escolares, salones de usos múltiples, sistemas de drenajes e instalaciones deportivas en todo el país, y entre las anomalías más recurrentes se señalan deficiencia en la supervisión de las obras, falta de control en la calidad de los materiales y ausencia de estudios de impacto ambiental.
Las municipalidades, los consejos departamentales de Desarrollo y fideicomisos como el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) figuran entre las instituciones que más utilizaron las 18 asociaciones en las que se encontraron irregularidades.
¿Sin supervisión?
La contralora general, Nora Segura, explicó que las auditorías parten de los contratos suscritos entre las organizaciones y las constructoras para verificar su cumplimiento.
“El contrato es la base legal para llevar a cabo cualquier auditoría, cuando la Contraloría va y ve el expediente físico y se da cuenta luego, en el sitio, de que no se hizo conforme las estimaciones de avances, por ejemplo, se cae en un incumplimiento de contrato”, afirmó.
En el caso de la Asociación de Desarrollo Integral Girasol, expediente DPI-0316-2011, se aplicaron tres sanciones por planificación deficiente e incumplimiento en el registro del avance físico de los proyectos.
Nidia Colocho, representante legal de la asociación Girasol, indicó que sí contaban con supervisión sobre las obras que ejecutaron. “Nosotros contratamos un ingeniero y es el que se encargaba de hacer la supervisión, él presentaba los informes. Tendríamos que ver los reparos que nos colocaron en la Contraloría”, dijo Colocho.
La representante de la asociación Girasol agregó que solo tuvieron proyectos en ejecución desde el 2011: un edificio escolar en el parcelamiento Los Ángeles, Puerto San José, y un salón de usos múltiples en Santa Lucía Cotzumalguapa, ambos en Escuintla.
En el caso de la Asociación Yaah Ichil Guatemala, expediente DIP-0468-2011, también se reportan deficiencias en la supervisión.
Jessie Ramiro Morales, representante legal de esta agrupación, aseguró que el reporte se debió a que el ingeniero encargado de la supervisión tenía la colegiatura vencida cuando la hizo.
“La comuna firma un convenio con la asociación, y nosotros somos los administradores de los fondos del proyecto, según se reportan los avances físicos así nos paga la constructora”, dijo Morales.
El representante de la entidad afirma que las ONG cobran entre 1.5 y 3 por ciento del costo total del proyecto “por la papelería y la supervisión de las obras”, y las que manejan fondos internacionales, hasta entre 4 y 5 por ciento.
Yaah Ichil ha administrado proyectos por Q26.81 millones, según reportes del portal Guatecompras. De acuerdo con Morales, desde hace año y medio ya no se dedican al sector público “desde que empezamos a ver proyectos en Fonapaz para asignar y había demasiado cosas anómalas, preferimos no seguir”, agregó.
Cuestionamientos
Un hombre identificado como Lorenzo Chinchilla Guerra, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de la Familia (Adifa), fue detenido por el caso de lavado de dinero en el que está involucrado Salvador Gándara, exalcalde de Villa Nueva.
Al consultar vía telefónica a la organización, representantes confirmaron que Chinchilla es el representante legal, pero no quisieron confirmar si se trata de quien fue detenido.
Entre las organizaciones con irregularidades también se encuentra Jade Maya, que fue denunciada por la agrupación Acción Ciudadana (AC) el 28 de febrero del 2009, junto a otras tres ONG, por supuesta malversación de Q105 millones en la construcción de viviendas para las víctimas del conflicto armado.
David Gaitán, coordinador del Proyecto de Asesoría Legal Anticorrupción de AC, cuestionó el empleo de estas organizaciones para obras públicas. “Se convirtieron en los principales ejecutores de programas como Fonapaz, son ONG sumamente señaladas por no haber concluido los trabajos o hacerlo con desperfectos”, recordó Gaitán.
La contralora destacó la necesidad de que las ONG que trabajen con el Estado en rubros permitidos diferentes a las obras públicas cuenten con una solvencia emitida por la CGC, para demostrar que no tienen cargos o sanciones pendientes de resolver, antes de participar en otras actividades como la venta de materiales o alimentos a instituciones públicas.
