Para el politólogo Renzo Rosal, los desafíos abarcan transparentar la institucionalidad y propiciar una mayor incidencia en las acciones de la PDH en la vida nacional.
“Ha habido un proceso de descalabrar la Procuraduría. La reingeniería institucional es una tarea clave y hay que darle la vuelta al manejo financiero de la institución, para evitar que sea usado de manera acomodaticia para favorecer al procurador y sus allegados”, destacó Rosal.
En este sentido, Jorge Santos, del Centro Internacional en Derechos Humanos, resalta que la institución requiere de un reordenamiento pues “hay un crecimiento desmedido en el organigrama”.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, afirma que esta restructuración requiere acciones puntuales como recortar el personal innecesario. “La PDH se convirtió en una institución que creaba y creaba plazas para complacer a los diputados y personas con influencia”, aseguró la activista.
La austeridad en las políticas de gasto es una necesidad apremiante para cumplir con los desafíos del procurador con transparencia, afirmó Ibarra.
Recuperar incidencia
En términos operativos, para que la institución cumpla con su mandato se requiere de medidas como potenciar la educación en derechos humanos en todos los niveles de educación, y desvirtúa la imagen negativa de la institución humanitaria.
Para cumplir con estas tareas, se requiere mejorar el perfil de los colaboradores de la PDH. “Hay mucha gente de calidad que ha salido corriendo de la institución y se ha quedado personal con perfil muy pobre. Se requiere una institución más especializada”, apunta Rosal.
La cobertura de personal con dominio de los idiomas locales es una acción que debe emprenderse, según Santos.
Un ejemplo de esto, agregó Santos, es Huehuetenango, donde hay una concentración de varios idiomas mayas en un mismo espacio geográfico. “En el caso de Santa Cruz Barillas, por ejemplo, el personal debería responder a las necesidades sociolingüísticas”, indicó.
El aspecto clave en última instancia es la independencia de acción de la institución para garantizar que los cambios emprendidos no tengan otros intereses.
“Aunque el procurador sea comisionado del Congreso, la institución no debe ser el patio trasero del Congreso”, afirmó Ibarra en torno a la independencia que debe ostentar el cargo de procurador.
