Desciende calificación a labor judicial

Solo el 42 por ciento de los consultados por la Encuesta Libre opina que el Organismo Judicial (OJ) hace una buena labor, calificación que baja ocho puntos porcentuales en relación con el año pasado. En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) mejoró su imagen frente a la población, ya que un 50 por ciento ve su desempeño como positivo, nueve puntos más que en el 2013.

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El mejor calificado, según el estudio efectuado entre el 4 y el 8 de enero últimos, fue el Ejército, con 81 por ciento de aceptación de su trabajo. Todo lo contrario fue para el Congreso de la República, siendo el peor evaluado, con 30 por ciento, incluso un punto menos que el año pasado.

Los casos paradigmáticos como la desaparición de Cristina Siekavizza, los juicios por genocidio contra el general retirado Efraín Ríos Montt, la masacre de las Dos Erres, ocho personas vinculadas con una red de trata de menores, entre ellas César Crisóstomo Barrientos Aguilar, hijo del magistrado de la CSJ, César Barrientos; y la persecución penal de líderes comunitarios, por haber protestado contra proyectos hidroeléctricos, dividieron la opinión pública respecto del sistema de justicia, coinciden expertos consultados.

DESCARGA – Labor de instituciones estatales

El sistema judicial sufre el resultado de politizar los procesos y de la “intromisión ideológica”, indicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Quesada.

Agregó que en un proceso judicial hay vencedores y vencidos, pero la parte que no logra el resultado esperado siempre tendrá una imagen negativa del sistema.

“Es difícil llegar a determinar si la percepción de un poder judicial es correcta o no”, añadió Quesada.

Asimismo, afectaron las posiciones ideológicas y “favoritismos” como los que privaron en el caso de la red de trata, que al final le dieron una fianza al hijo del magistrado César Barrientos, ejemplificó Andrea Barrios, del colectivo Casa Artesana.

Recordó que la falta de esclarecimiento de los señalamientos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hizo contra jueces generó dudas en el sistema de justicia.

“El aumento de la carga de trabajo es uno de los factores. El poco personal y la disponibilidad de instalaciones ocasiona atraso en audiencias y en los expedientes que se ventilan en todos los órganos jurisdiccionales”, comentóÉlmer Beltetón, litigante y secretario del Colegio de Abogados y Notarios.

Beltetón debía evacuar una audiencia y llevaba una hora de retraso. En la lista de espera del juzgado hay 17 para ese día.

Otros factores que demeritaron la nota, según los consultados, fueron las 56 rondas de votación para elegir al presidente del OJ.

Contraste

Mientras la puntuación del quehacer de las judicaturas va a la baja, la de la PNC mejoró nueve puntos.

Para Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, la percepción de que los agresores son capturados por la Policía y liberados por los tribunales es que estos pueden estar vinculados.

La publicidad de las acciones de la PNC, unida al aumento de capturas, la presencia en zonas rojas y la depuración de varios de sus agentes contribuyeron a mejorar la apreciación, afirmó Barrios.

Gary Estrada, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, coincide con Barrios en que la evaluación favorable para el Ejército y la PNC ocurre en un país donde después de 36 años de guerra hay un escaso cumplimiento de los acuerdos de paz, y en el imaginario social la seguridad depende de la presencia de militares y policías en las calles.

Funcionarios

Además, la Encuesta Libre evaluó la labor de tres funcionarios públicos, seleccionados por ser los de mayor exposición en los medios.

El 71 por ciento de los entrevistados creen que la labor del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue acertada.

De su lado, la vicepresidenta Roxana Baldetti obtuvo un 61 por ciento de aceptación; el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, 54 por ciento.

Los dos últimos decrecieron nueve puntos en su calificación en relación con el estudio de hace un año.

Usuarios de las carreteras del país, como transportistas, exportadores y constructores analizaron el trabajo de Sinibaldi. Según Itiel Ordóñez, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano, y José Luis Agüero, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, su labor ha sido positiva.

Según Agüero, aunque se trata de “un tema aparte”, existe el pago pendiente de una deuda heredada de la cartera de Comunicaciones, por Q3 mil 500 millones. Sin embargo, señaló que Sinibaldi “ha honrado los compromisos nuevos”.

Hay un trabajo de recuperación de las principales carreteras del país, no así de los caminos rurales, cuestionó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro.

Otros aspectos que opacan su gestión son la falta de transparencia en la ejecución del fideicomiso del Fondo de Solidaridad, que carece de auditorías independientes, al igual que la Dirección de Caminos.

Tampoco hay disposiciones legales acerca del cambio de las fianzas en obras contratadas. Una carretera que se supone sería para una vida de 20 años tiene un aval por 18 meses. “La garantía es casi igual a la de una licuadora”, ejemplificó Caballeros.

Artemio Juárez, de la Asociación de Transportistas Internacionales, deploró el estado de carreteras como la CA-2 Suroccidente, de Escuintla a Malacatán y Ciudad Tecún Umán, San Marcos, así como gran parte de la ruta a Cobán, Alta Verapaz, por lo cual calificó a Sinibaldi de un “excelente publicista”.

A más exposición en los medios de comunicación, más conocimiento de marca, más tendencia a una buena calificación, explicó Alberto Aragón, consultor en el mercadeo político.

“Ese conocimiento de marca se obtiene a través de esa exposición. Un ministro que carece de esa presencia no puede lograr esto”, resaltó.

La popularidad del ministro de Gobernación y de la vicepresidenta tiene que ver con la publicidad. “Sin embargo, López Bonilla se mueve entre la línea del bien y el mal; es decir, sus acciones no siempre son bien calificadas”, aclaró Godoy.

Gobernación tiene aún entre sus retos mejorar el Sistema Penitenciario, controlar las extorsiones, incrementar la depuración de la Policía, mejorar las prestaciones salariales y la transparencia en sus compras, dijo Marvin Flores, de Acción Ciudadana.