Después de 10 años de haberse formulado las más importantes reformas a la Ley Protectora de La Antigua Guatemala, el Congreso de la República retoma su discusión.

El 17 de febrero, el Congreso aprobó en segunda lectura la iniciativa de ley No. 4252, presentada por el diputado Sergio Leonel Celis Navas el 11 de agosto de 2010. La crisis en la que ha permanecido la Ciudad en aquel momento era evidente, por lo que en sus considerandos se lee: “…por las razones expuestas y en aras que la ciudad de La Antigua Guatemala no pierda los títulos que ostenta, es de urgencia nacional que puedan aprobarse algunas reformas a la relacionada ley, las cuales van contenidas en el proyecto adjunto, solicitando al Honorable Pleno que se remitan a la Comisión respectiva, de modo que pueda oportunamente, convertirse en Ley de la República.”

El Pleno la conoció en primera lectura el 21 de septiembre de 2010, pasando a la Comisión de Cultura, que emitió dictamen favorable el 22 de junio de 2011.

El deterioro de la Ciudad es un hecho que los vecinos hemos denunciado desde hace más de 25 años. En 2001 y 2003, Unesco envió misiones de evaluación, entre cuyas recomendaciones al Estado está prever el ordenamiento territorial y reformas a la Ley Protectora. Ante la inacción administrativa, en 2001 las asociaciones Salvemos Antigua y Diego de Porres propusieron a la Municipalidad crear la Unidad de Planificación, desde la que se preparó el Esquema de Plan de Ordenamiento Territorial y algunos reglamentos.

En noviembre 2009, el Consejo Cívico de Vecinos de La Antigua Guatemala convocó a todos los grupos organizados, Gobernación Departamental, Municipalidad y Consejo de Protección, y a los vecinos en general, para unir esfuerzos en una sola vía tendentes a formular reformas a la Ley Protectora. Como era de esperarse, hubo total aceptación, quedando integrada la Coalición de Instituciones, Vecinos, Cocodes y Asociaciones de La Antigua Guatemala, compuesta por tres comisiones: Técnica, Legal y Política. Cada quien se inscribió en la que más cómodo se sintió y donde podía contribuir al esfuerzo.

La comisión técnica tuvo la mayor carga a lo largo de los primeros meses. Una vez establecidos los cambios deseados, la comisión legal concluyó en la conveniencia de no excederse de once artículos, a fin de limitarse a reformas a la bien concebida Ley Protectora, decreto 60-69 del Congreso de la República. Por su parte, la comisión política inició su labor de abordar a jefes de bancada y diputados al Congreso de la República, para allanar el camino por venir.

El 10 de agosto de 2010, con apoyo de Gobernación, alcaldía y diputados distritales tuvo lugar en el Salón Mayor del Palacio del Ayuntamiento la presentación del trabajo final, que fue presentado al Congreso al día siguiente.

Uno de los integrantes de la comisión política, el lic. Eduardo Zachrisson Castillo, fue electo diputado en el reciente proceso. Consciente de su importancia, dio seguimiento al trámite, logrando que tan vital asunto para la Nación pasara la segunda lectura. Antes de su tercera lectura y aprobación final, fue acordado constituir una mesa técnica de consenso.