“Rechazamos los desalojos violentos por grupos fuertemente armados, los cuales, según los vecinos de los territorios, están vinculados con grupos del crimen organizado y el partido oficial”, señalaron.
Agregaron que se solidarizan con los integrantes de la comunidad maya chortí de Quezaltepeque, Chiquimula; Moyuta, Jutiapa; Palín, Escuintla; Petén, El Asintal, Retalhuleu; carretera a El Salvador, en Guatemala y de San Marcos.
Exigieron que el Ministerio Público (MP) inicie una investigación en contra de varias personas que “estuvieron convocando a desalojos violentos, tales como actores ligados a las organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo”.
“Estamos pidiendo que se haga justicia desde la energía de nuestros abuelos y abuelas como dueños de nuestros territorios. Rechazamos con todas las energías que este crimen organizado se haya atrevido a quitar lo más sagrado de nuestros hermanos que perdieron la vida por luchar por una miseria de democracia que queda, porque la han robado y desaparecido los corruptos”, señalaron.
Agregaron que en nombre de los hermanos “marquenses” las autoridades indígenas “van a seguir con la resistencia, porque si hay que dar vidas por la democracia, continuaremos en resistencia, así que mandamos nuestras energías a los que se encuentran en el territorio marquense y a nivel nacional”.
Enfatizaron que “lamentan” las acciones “represivas de parte de actores aparentemente no estatales que están violentando la vida de nuestros hermanos en las manifestaciones. Responsabilizamos al Estado de estas acciones y lo tomamos como una acción de persecución política en contra de las legítimas autoridades de este bendito país”.
Resaltaron que quieren solicitar nuevamente que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea “sancionen de manera drástica a todos los actores, específicamente de carácter empresarial que están financiando este golpe de Estado”.
También hicieron un llamado al pueblo de Guatemala “para que continuemos en este caminar, estamos con la firme convicción, exigimos la renuncia de la señora fiscal, la renuncia del señor Rafael Curruchiche, la renuncia de la fiscal Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana, actores que han atentado contra la democracia, que han ejecutado delitos contra la Constitución que tienen que ser perseguidos y por eso es nuestra lucha”.
Resaltaron que los pueblos están unidos en esta resistencia y ya se sumó la capital.
“Ni un paso atrás, ni un paso atrás, hasta que renuncien”, expresaron las autoridades indígenas, que añadieron que es la población la que se está uniendo a las manifestaciones y destacaron que en los bloqueos se ha permitido el paso de ambulancias, de camiones con combustible y productos perecederos.
Indicaron que no hay plan en el tema de bloqueos, ya que cada día se suman más pueblos, por lo que desconocen si habrá más o menos puntos bloqueados.
Reunión con el MP
Respecto a una reunión con el MP en el Palacio Nacional de la Cultura el miércoles 18 de octubre, las autoridades indígenas indicaron que la única exigencia será pedir que renuncien los referidos funcionarios.
“Pedimos que estén los medios de comunicación para que se den cuenta de la transparencia en la que nosotros vamos a manejar esta reunión, esperamos a que sí nos confirmen que estén ustedes y no solo seis presentantes, somos varios pueblos, somos toda Guatemala y hasta sectores de la sociedad civil, esperamos a que nos respondan y sí quieran estar así de esa manera”, pidieron los representantes.
Cuando les consultaron si accederían a la reunión si no estuviera un representante de la OEA y la prensa, los líderes respondieron que “no” porque la reunión no es algo privado y debe ser público.
“La renuncia la hemos pedido y para qué tendríamos que hacer una reunión privada, cuál sería el sentido, no lo vemos así”, argumentaron.
Añadieron que la situación de Guatemala no es una guerra, es una manifestación.
Anunciaron que seguirán las manifestaciones y dialogando y consensuando con los pueblos, ya que no es la primera vez que hay víctimas durante manifestaciones.
Una lideresa informó que este martes 17 de octubre “las autoridades indígenas han presentado una denuncia penal en contra de los actores a los cuales se les está pidiendo su renuncia, esto por los delitos específicos de violentar la Constitución, de violentar los derechos constitucionales de la ciudadanía del pueblo de Guatemala”.
Se desligan de video
Las autoridades indígenas también se desligaron de un supuesto pánico financiero promovido en un video y enfatizaron que su manifestación es pacífica.
Añadieron que ninguna organización ancestral está promoviendo el pánico financiero, mucho menos los 48 Cantones de Totonicapán. “Esa persona que aparece en ese video no nos representa”, aclararon.
Se consultó a Presidencia por los señalamientos que hicieron las autoridades ancestrales, pero indicó que nos comunicáramos con el Ministerio de Gobernación para que se pronunciara al respecto.
En ese sentido, Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación, indicó respecto de lo sucedido en Malacatán: “Ayer mismo -16 de octubre- se capturaron a 11 presuntos responsables, se incautaron 2 vehículos donde escapaban y 4 pistolas las cuales presuntamente utilizaron”.
Luego de lo señalado por las autoridades indígenas referente a lo de la Fundación contra el Terrorismo en el tema de los desalojos violentos, se consultó al presidente de esta fundación Ricardo Méndez Ruiz, quien indicó que “no le extraña que estos señores hayan dicho lo que dijeron, está visto que son unos salvajes, que es gente absolutamente irresponsable, que no les importa la violencia que ellos están imponiendo a un país entero, porque es violento impedir el paso de las personas, es violento también impedir el derecho a trabajar, el derecho a curarse”.
Añadió que es increíble que el presidente de la República permita que “uno de los 340 municipios” del país “siembre el terror, siembre el miedo en muchos guatemaltecos, como lo están haciendo los 48 Cantones de Totonicapán”.
A decir de Méndez Ruiz, esta organización “no son más que otros grupo de terroristas y que deberían estar en la cárcel sus dirigentes”.
Señaló que los 48 Cantones “son responsables de varios delitos y que tarde o temprano la justicia va ha llegar a ellos”.
Agregó que están a la espera de ratificar la denuncia contra el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán y para ello esperan que se permita el paso en el MP donde hay manifestación, porque supuestamente son responsables del delito de obstrucción a la justicia y obstaculización a la investigación penal.
Méndez indicó que ha dado explicaciones al MP para que este “proceda con todo el peso de la ley y espero verlo tras la cárcel”.
“Espero que se imponga el orden, si es necesario por la fuerza”, expresó Méndez.
Afirmó que hay pruebas de “peso” que aportarán al MP en el sentido que los dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán “por medio de terror obligan a los ciudadanos de Totonicapán a participar en las acciones de terrorismo, por ejemplo los bloqueos de carreteras”.
