El Ministerio Público (MP) investiga varias denuncias de municipios donde se ha establecido que el número de empadronados es distinto al de habitantes del lugar, por lo tanto, podría existir trashumancia, que se puede prestar para el acarreo de votantes, es decir movilizar a un ciudadano para que emita el sufragio en un puesto de votación donde no le corresponde.

Aunque la transhumancia electoral -acarreo de votantes- es una falta, su práctica puede generar que se incurra en delitos como perjurio, según el MP.

Las denuncias ciudadanas que están en poder de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público son de Retalhuleu (dos), Jutiapa, San José del Golfo, Escuintla y Puerto Barrios, según confirmó el ente investigador; sin embargo, aún están en desarrollo las diligencias.

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“Esas denuncias están en investigación, lo que sucede en esos casos es que se trata de una cantidad considerable de personas que se empadronaron en esos lugares y no tienen ningún vínculo ni es el lugar donde residen, la Fiscalía se encuentra realizando investigación de campo”, expuso el MP.

La fiscal de Delitos Electorales, Lisbeth Pérez, expuso que, adicional a estos casos tienen investigaciones por fiscalizaciones de fondos de organizaciones políticas, así como posibles casos de abuso de autoridad con propósito electoral, al igual que falsedad material e ideológica.

Sin embargo, sobre los casos de posible perjurio por mentir con relación al lugar de residencia de las personas, expuso que han resuelto varios expedientes, pero tienen bajo investigaciones otros más.

“Este tipo de actividad delictiva da inicio cuando las personas cambian su dirección electoral en un lugar donde no habitan, no residen, donde no trabajan. Durante la investigación se determina que no tienen ninguna relación con el municipio donde van a votar y culminan este delito el día que van a votar donde no deben”, expuso Pérez.

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En el 2019, previo a las elecciones, se aplicaron 44 sanciones por acarreo de votantes. Por estos casos, en el pasado se han aplicado sanciones que van de acuerdo con la capacidad económica de las personas señaladas, como donaciones, entrega de copias de leyes a escuelas, o bien, brindar capacitaciones.

En el 2019, más de 369 personas fueron anuladas del padrón electoral por anomalías en la vecindad.