La inconformidad de partidos políticos con los resultados electorales derivó pronunciamientos de sectores sociales y empresariales que exigen la desjudicialización del proceso y que se respeten los resultados de los comicios efectuados el 25 de junio, pues consideran que este panorama pone en riesgo los tiempos constitucionales para efectuar la segunda vuelta electoral el 20 de agosto próximo.
Después de culminar las audiencias de revisión de escrutinios que se realizaron en el Parque de la Industria la semana anterior, durante la madrugada del sábado el TSE envió a la CSJ el informe de lo efectuado en las audiencias, en el cual también pide que se deniegue el conteo físico de cada uno de los votos, como se ha solicitado por algunas agrupaciones políticas. Los magistrados sostienen que no se encuentra regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Los escenarios
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) refiere que esta semana es decisiva para saber qué sucederá con los resultados electorales de la primera vuelta. Sin embargo, considera que el panorama puede complicarse de acuerdo a lo que decida la CSJ.
Para el analista, los problemas devienen desde la resolución “ambigua” que emitió la CC porque no se entendió “en un cien por ciento”, y solo generó contradicciones entre los fiscales sobre que es “legal y que se prohíbe”, durante las audiencias de revisión de escrutinios, debido a que algunos fiscales demandaron que se abrieran las cajas para contar cada uno de los votos.
“Los reflectores están puestos en la CSJ que debe calificar si se hizo bien o mal. Si dicen que se hizo bien se oficializan los resultados, si dicen que no se cumplió podrían ordenar otro periodo para que lo hagan, o bien, decir que hubo desobediencia del TSE. Cualquiera de los fallos que emita podrían causar que algunos actores no estén de acuerdo y presenten acciones y el proceso se devuelva a la CC”, afirma.
El abogado constitucionalista, Edgar Ortíz, sostiene que si la CSJ dice que se cumplió con lo establecido en el amparo, el proceso continúa en el TSE pero también deben resolverse las impugnaciones que hicieron algunos partidos.
“Pueden dar resultados, pero solo resolviendo las impugnaciones que se presentaron en el TSE, que son muy generales porque no se refieren a reconteos, se refiere a nulidad en algunos municipios como Chinautla o Amatitlan, que no deberían cambiar la elección presidencial, todo esto debe resolverse dentro de los diez días de plazo que otorgó la CC”, explica.
En otro escenario, la CSJ puede decir que no se cumplió lo establecido en el amparo, y pedir que se atiendan las peticiones de algunos partidos no conformes, lo que suspendería de nuevo los resultados.
“Ya el Movimiento Semilla puso un ocurso de queja ante la CC mostrando su inconformidad con lo que ya inició la CSJ. En caso de que la CSJ decida que se repita alguna diligencia, ese ocurso le daría a la CC la última palabra y corregir el fallo de la CSJ”, explica Ortíz.
Proceso inusual
27 de junio
Los reclamos se agudizaron el 27 de junio con una manifestación frente al TSE de parte de simpatizantes de los partidos Creo y Todos, al argumentar que no estaban conformes con los resultados de la alcaldía capitalina. Ese mismo día el partido Creo interpuso un recurso de nulidad ante la Junta Electoral del Distrito Central, por medio del cual buscaban dejar sin efecto la reelección de Quiñónez.
28 de junio
Otros partidos participantes en los comicios no asimilaron los resultados que obtuvieron en las urnas, al argumentar que hubo inconsistencias en las actas de cada mesa y reclamaron a los magistrados por el conteo de los votos.
29 de junio
Debido a los tachones en las actas y aparentes errores en la suma de votos, 15 partidos políticos se pronunciaron para pedir un recuento de las actas del binomio presidencial.
30 de junio
Las inconformidades de las agrupaciones políticas se concretaron y el proceso de elecciones generales 2023 llegó al Ministerio Público (MP) con la presentación de una denuncia que señala de “falsos” los resultados preliminares. El TSE argumentó que no existe la figura de recuento de votos, pero los fiscales señalaron que en las elecciones del 2019 ya se dio un antecedente.
1 de julio
Tras conocer una acción de amparo de varios partidos políticos, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se repitan las audiencias de revisión de escrutinio y se cotejen las actas en donde hay inconsistencias.
4 de julio
Comienza la revisión de escrutinios en el Parque de la Industria, como ordenó la CC al TSE en un amparo solicitado por varios partidos políticos, con el cual quedó suspendida la oficialización de resultados electorales.
6 de julio
La Fiscalía de Sección contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), le envió un escrito al TSE para que les remita copia certificada del contrato suscrito por ambas junteles electorales con la entidad Sega, Sociedad Anónima.
Los señalamientos recaen en el sistema que la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la Junta del Distrito Central adquirieron para hacer un conteo de votos paralelo al oficial que hace el TSE. Posteriormente reconocieron que no fue funcional y no lo utilizaron.
8 de julio
Después de que culminara la revisión de escrutinios, el TSE envió durante la madrugada del sábado el informe a la CSJ sobre lo solicitado en el amparo. La CSJ debe analizar si se cumplió con lo establecido.
Exigen resultados
El partido Cabal emitió un comunicado en donde expresó su preocupación por el retraso en el calendario electoral.
“Exigimos al TSE que se convoque a la segunda vuelta a quienes obtuvieron el primer y segundo lugar para la elección presidencial y se asignen los demás cargos que fueron electos”, dice el pronunciamiento.
También dicen que la CSJ retrasa de forma ilegal los tiempos electorales y aseguran que es hay una intención de seguir confundiendo y complicando el proceso electoral.
Acción legal
El Movimiento Semilla también se presentó ante la Corte de Constitucionalidad en donde presentaron un ocurso de queja. El Candidato presidencial de esa agrupación política, Bernardo Arévalo, indicó que la acción legal es para dejar sin efecto la decisión de no oficializar los resultados de las elecciones generales de junio en las que pasó a la segunda vuelta. Arévalo dijo que su Movimiento Semilla presentó un recurso contra “la decisión unilateral de la magistrada presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdéz, que pretende dejar en suspenso la adjudicación de cargos y la convocatoria a segunda vuelta”.
