Fundación para el Debido Proceso, que se dedica a fortalecer el estado de Derecho y a promover el respeto de los derechos humanos en América Latina compartió la publicación en la que se refieren al proceso electoral 2023.
Manifestaron su “profunda preocupación por la insistencia del Ministerio Público (MP) en obstruir el proceso electoral y socavar la democracia en Guatemala”.
Agregaron que el 3 de agosto recién pasado, “por tercera ocasión, el MP realizó el secuestro de documentos en dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para recolectar información sobre la forma en que fueron digitadas las actas que acreditan los resultados electorales del 25 de junio”.
Recordaron que anteriormente, el MP había efectuado allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Departamento de Recursos Humanos del TSE, y solicitó órdenes de captura en contra de las autoridades del Registro de Ciudadanos.
Además, el 27 de julio el MP solicitó información sobre el personal encargado de digitalizar los resultados electorales del 25 de junio.
“Esto muestra un patrón sistemático de hostigamiento y abuso del derecho penal por parte del MP para interferir en el proceso electoral y sembrar duda sobre la imparcialidad del TSE y los resultados electorales del 25 de junio”, señalaron las organizaciones.
Agregaron: “Se busca alegar un supuesto fraude electoral que no existe, como lo han confirmado los informes de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales”.
Le solicitaron al secretario general de la OEA que “tome nota de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público y la fiscal general Consuelo Porras, y que informe al Consejo Permanente de la OEA que persisten riesgos al proceso electoral debido al uso indebido del sistema penal”.
También pidieron a la OEA que extienda el mandato de la Misión de Observación Electoral hasta el 14 de enero de 2024, cuando se realizará el cambio de mando de las nuevas autoridades, previendo que después de la segunda vuelta electoral puedan continuar los actos de hostigamiento y criminalización en contra del TSE o se intente anular los resultados electorales.
El 2 de agosto recién pasado, el MP publicó un comunicado en el que informó sobre la reunión sostenida con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El ente investigador añadió en esa ocasión que la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, recibió la visita de Almagro, con la finalidad de dar a conocer “las acciones legítimas que el Ministerio Público ha desarrollado en cumplimiento de su mandato legal y constitucional, al dar seguimiento a una denuncia ciudadana relacionada a un partido político”.
Añadió en esa oportunidad que Porras Argueta dio a conocer a Almagro que el “MP lideró un esfuerzo sin precedentes para garantizar un proceso electoral transparente y en paz, ya que por iniciativa de la fiscal general se estableció la elaboración de un Plan Estratégico Integrado consolidando las acciones del Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa Nacional el cual fue presentado a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, siendo esta la primera vez que las instituciones hicieron un esfuerzo de coordinación para trabajar desde el ámbito de sus competencias”.
#Guatemala: Organizaciones internacionales urgimos a @Almagro_OEA2015 informar al Consejo Permanente @OEA_oficial sobre uso de la justicia penal para interferir en elecciones, y solicitar extensión de observación electoral hasta el 14 de enero 2024.
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— Due Process of Law Foundation (@DPLF_info) August 7, 2023
