La propuesta de resolución contiene 10 puntos y en el número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.
En ese sentido, pide al Consejo, “que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar”, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche Cucul; el juez Fredy Raúl Orellana Letona; la fiscal de la Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.
La resolución señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
En el punto 8 pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la Unión que sigan supervisando la situación en Guatemala, en particular las decisiones del MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, “hasta que haya garantías claras y serias de que se respeta la voluntad de los votantes expresada en las elecciones generales del 25 de junio de 2023 y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023.
También expresa su apoyo a los trabajos en curso de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar con la transición presidencial, de conformidad con el mandato del Consejo Permanente de la OEA.
La resolución también exhorta a las autoridades guatemaltecas competentes a que “apliquen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en particular las que abordan las deficiencias constatadas en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción de los derechos humanos y políticos”.
Además, el Parlamento Europeo encarga a su presidenta que transmita esta resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las autoridades de Guatemala y al Parlacen.
El Parlamento Europeo actúa como colegislador, compartiendo con el Consejo los poderes para adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la UE.
En el caso del Consejo de la Unión Europea, al cual le piden que adopte las medidas restrictivas, está integrado por ministros de los gobiernos nacionales de cada Estado miembro, reunidos por ámbitos de actuación. Este consejo negocia y adopta actos legislativos, en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Europeo mediante el procedimiento legislativo ordinario, también conocido como “codecisión”.
Este Consejo adopta las decisiones relativas a las sanciones por consenso a partir de las propuestas del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y previo debate en los grupos de trabajo pertinentes del Consejo.
Las medidas restrictivas se establecen por medio de Decisiones del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común (PESC).
Seguidamente, las medidas propuestas se estudian y debaten en los correspondientes órganos preparatorios del Consejo: el Grupo del Consejo responsable de la región geográfica a la que pertenece el país afectado; el Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX); en caso necesario, el Comité Político y de Seguridad (CPS); y el Comité de Representantes Permanentes (Coreper II).
A continuación, el Consejo adopta la Decisión por unanimidad. Si la Decisión del Consejo incluye una inmovilización de bienes u otro tipo de sanciones económicas o financieras, estas medidas deben ser aplicadas mediante un Reglamento del Consejo.
Condena intento de golpe de Estado
En la propuesta, en el numeral 1, el Parlamento condena lo que califica como intento de golpe de Estado en Guatemala y “los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude”, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones.
También rechaza “todas las acciones por motivos políticos de algunas autoridades que conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes”.
Apoyo al presidente electo
En el numeral 3 de la resolución, el Parlamento da su apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, y pide una transición ordenada que conduzca a su investidura como el 52 presidente de Guatemala el 14 de enero de 2024.
Petición a Giammattei y otras instituciones
La mencionada resulición también solicita a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, “que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas”.
En otro punto, la resolución menciona que la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de expresión de todo el pueblo guatemalteco son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho y además expresa “su profunda preocupación ante el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala”.
Persecución penal
La resolución también expresa la preocupación por la detención “arbitraria” de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora.
Pide la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente, “así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder”.
MP responde
El Ministerio Público (MP), a través de su jefe de Prensa, Moisés Ortiz, respondió a los señalamientos que el Parlamento Europeo.
En un video publicado en redes sociales del MP, Ortiz, menciona que, tal y como se ha manifestado en múltiples oportunidades, es una falacia señalar que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular.
Señala que, por el contrario, el MP únicamente ha cumplido con su mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, y señala que, de no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas de delitos.
“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa, y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”.
“De igual forma, el Ministerio Público es categórico al señalar que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala, por lo que actualmente se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público, ya que, aparentemente, se busca obstaculizar la justicia”, refirió Ortiz.
El jefe de Prensa del MP dijo que la institución reafirma su compromiso con la población guatemalteca, de continuar con sus investigaciones con el fin de averiguar la verdad.
