“No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaró el fiscal a periodistas en la Torre de Tribunales.
“Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político” Semilla, dijo Curruchiche en alusión a una medida ya ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana, pero revocada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).
Las reacciones internacionales ante las aseveraciones del Curruchiche no se hicieron esperar, pues Ronald Sanders, embajador ante EE. UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), escribió en su cuenta de Twitter que se pone en riesgo el estado de derecho en Guatemala.
“El Sr. Curruchiche debe entender que, si esto sucede sin una causa evidente, se considerará una estratagema deliberada para descalificar a un partido político y candidato rival. Ese no es el estado de derecho”, escribió Sanders en dicha red social.
Piden acompañamiento
Por aparte, la Alianza por las Reformas pidió a las misiones de observación y al Consejo Permanente de la OEA que “presente atención a lo que pueda hacer el MP” y manifestaron preocupación de una “posible acción que ponga en peligro las elecciones”.
“El Ministerio Público ha realizado una serie de actos criminalizadores que han afectado las elecciones y que han recibido el reproche de la ciudadanía por medio de manifestaciones pacíficas, de la comunidad internacional, en cuenta el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las misiones de observación nacional e internacionales”, dice un comunicado de Alianza por las Reformas.
Agrega que “ante los riesgos al proceso electoral, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó el país y en su informe del 10 de agosto dio a conocer que el presidente Alejandro Giammattei se comprometió a asegurar que la segunda vuelta se lleve a cabo con normalidad; sin embargo, estas declaraciones del fiscal Curruchiche causan zozobra y temor en personas que pueden participar en el proceso y no se descarta que antes o después de la votación se puedan efectuar actos de criminalización”.
“Pedimos a las misiones de observación y al Consejo Permanente de la OEA que presten atención a lo que pueda hacer el Ministerio Público y manifiesten de manera pública y privada las preocupaciones de una posible acción que ponga en peligro las elecciones”, agrega el documento.
La misiva añade que “instamos a la ciudadanía a continuar la observación con contundencia, a respaldar al TSE, a los digitadores y a las Juntas Electorales que han defendido el voto y la democracia cuando ha estado amenazada. Con esa fuerza, exijamos que el MP no se utilice con fines políticos y que se respete la voluntad del pueblo a elegir con libertad, sin presiones ni amenazas”.
La cruzada de Curruchiche contra Semilla comenzó después de que Arévalo diera la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio y pasara a segunda vuelta junto con la ex primera dama Sandra Torres. Ambos son socialdemócratas, pero ella es vista como la candidata del continuismo y él como abanderado del cambio.
El 12 de julio, a pedido de Curruchiche el juez Orellana inhabilitó a Semilla, lo cual puso en jaque el balotaje y provocó una ola de indignación en el país y en el exterior.
Curruchiche alega que hubo supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018.
El fiscal indicó que entre las miles de firmas de afiliados del partido figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde.
Además, otros 613 nombres son “inexistentes, inventados” y 184 nombres están duplicados, afirmó, indicando que ha encontrado mil 224 irregularidades en total.
Sin embargo, los críticos de Curruchiche destacan que el polémico fiscal -incluido el año pasado por Estados Unidos en una lista de actores “corruptos” centroamericanos- solo se preocupó de Semilla después de que Arévalo pasó a ser candidato al balotaje. Su posible llegada a la Presidencia ha causado que influyentes sectores políticos y empresariales de Guatemala se sientan amenazados.
En tanto, Orellana engrosó esa lista el mes pasado cuando Estados Unidos actualizó su lista de actores “corruptos”.
Arévalo lidera la intención de voto y promete una cruzada contra la corrupción, mal endémico en Guatemala. El candidato rechaza las acusaciones del fiscal y las atribuye a una persecución contra su partido.
