A mayo del 2011, según información de esa institución, el sector privado debía Q604.5 millones y las municipalidades adeudaban Q410.6 millones, montos con los cuales se podría comprar medicamentos y suministros para siete meses, según el presupuesto vigente del IGSS para el 2012.
Alejandro Aguirre, coordinador del Observatorio del Gasto Social, indicó que esta deuda tiene un impacto en los servicios que presta el IGSS, la mayor parte de la cual es arrastrada por el Estado. Al concluir el gobierno de Álvaro Colom, el Estado le adeudaba al Seguro Social más de Q19 mil millones.
“En la misma Constitución se establece el pago, tanto Estado como patrono; sin embargo, en los últimos años ha pagado la parte patronal, pero no la contraparte como Estado”, afirmó Aguirre.
El artículo 100 de la Constitución establece que el Ejecutivo debe asignar una partida específica en el presupuesto para cubrir las cuotas del Estado “la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto”.
Los estudios del IGSS no corresponden con lo asignado por el Gobierno. Para este año, por cuotas y aportes, el Estado debió asignar Q2 mil 782 millones, aunque fueron aprobados solo Q652 millones.
“Es una violación a la Constitución, pues se viola la cuota y el derecho a la seguridad social”, reiteró Aguirre, quien resaltó que muchos empleados del Estado utilizan los servicios del IGSS sin que se hayan pagado las cuotas.
José Erazo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, señaló que las deudas del Estado, las municipalidades y el sector privado contribuyen a que “vaya al fracaso la atención a los afiliados”.
Mejora la calidad
Lograr el pago de las deudas con el Seguro Social podría mejorar las condiciones de vida de los trabajadores jubilados, dijo Lisandro Morán, experto del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.
“A nivel legal no existe una forma de obligar al Estado a hacer el pago, por lo que se tiene que llegar al plano de la negociación”, dijo el analista en salud y seguridad social.
El recorte al presupuesto asignado del Estado al IGSS este año significó una disminución en el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes de Q1 mil 529 millones, monto con el cual se podrían edificar tres hospitales de la dimensión del Complejo Médico de Occidente, en construcción en Quetzaltenango, a un costo de Q428 millones.
Sin embargo, Morán mencionó que los mayores beneficios de cumplir con estos cobros serían para los pensionados.
“Aún bajo esa deuda, el IGSS tiene los recursos suficientes para expandir su cobertura y obviamente ellos podrían brindar mayores servicios, hacer un mejor esfuerzo sin temor de descapitalizar a la entidad”, expresó.
Se buscó conocer la versión del subgerente de Prestaciones Pecuniarias, Luis Felipe Irías, pero no atendió las llamadas.
Señalamientos
La Junta Directiva es la responsable de defender los intereses del Seguro Social, pese a esto la acumulación de deuda por los diferentes sectores con el IGSS ha trascendido los diferentes gobiernos.
Según Efrén Sandoval, integrante del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, en la acción de inconstitucionalidad que esa agrupación presentó en enero del año pasado en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el incremento en la edad de jubilación de los afiliados se contemplaba el pago de los compromisos atrasados.
En la solicitud, aún pendiente de resolver por la CC, se argumentaba que “antes de incrementar la edad de jubilación y el número de cuotas se cobrará la deuda que tiene, tanto el Estado como la iniciativa privada con la institución”, comentó Sandoval.
Erazo precisó que la deuda con el IGSS no debe establecerse sólo con base en las cuotas atrasadas, sino también con los mecanismos de contratación que obvian el pago de servicios sociales. “En la misma institución hay trabajadores bajo contratos de reglón 029 que quedan fuera de la protección social”, expresó.
Sin viabilidad
De acuerdo con el economista y exministro de Finanzas Édgar Balsells, la capacidad financiera del Estado para cumplir sus compromisos monetarios con el IGSS es limitada.
“El sistema está completamente desbordado en relación con los aportes estatales, no hay capacidad para entregar esos recursos, aunque constitucionalmente se estipule su cobro”, afirmó.
Sandoval insiste en que la acumulación de la deuda es consecuencia de “un incumplimiento permanente del deber que tienen los funcionarios de la Junta Directiva, y no ha existido ningún tipo de sanción por esas falencias.
Aunque el Organismo Ejecutivo es el responsable de prever las asignaciones, el que aprueba finalmente el presupuesto es el Congreso de la República, destacó Sandoval, por lo cual la responsabilidad también recae en el Organismo Legislativo.
Balsells advirtió de que mientras en el Congreso se sigan creando más entidades autonómas y ministerios, como el de Desarrollo Social, no se contará con recursos para hacer frente a esta deuda. “Simplemente no hay una capacidad para estar alimentando a todas las entidades autónomas”, expuso el exministro.
