Guatemala

Inconformidades originan riesgos en 48 municipios

La violencia electoral podría no terminar aún, pese a que el proceso ya finalizó, según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En el Estor, Izabal, una semana antes de la  segunda vuelta, se enfrentaron simpatizantes del Partido Patriota y de la  Unidad Nacional de la Esperanza.

En el Estor, Izabal, una semana antes de la segunda vuelta, se enfrentaron simpatizantes del Partido Patriota y de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Según el documento, el riesgo de conflictividad persiste en los 48 municipios donde hubo inconformidad por la elección de las autoridades locales, donde hubo reelección de alcalde o donde el candidato ganador obtuvo un porcentaje bajo de votos.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, señaló posibles “brotes” de violencia en lugares donde los candidatos que no fueron electos no aceptan su derrota.

“Por ejemplo, hoy —ayer— quemaron la Alcaldía de Masagua y muy probablemente se van a repetir esos actos de quienes no aceptaron y traten mediante la intimidación de que no tomen posesión de sus cargos”, expresó.

Agregó: “Esperamos que esos brotes puedan cesar y la transición de poder se haga de manera ordenada, aunque no descartamos que pueda haber violencia en esos lugares —los 48 municipios donde hubo inconformidades—”.

El 15 de enero

Rolando Yoc, director de mediación de conflictos y de observación electoral de la PDH, indicó que hay riesgo los 48 municipios referidos.

Expresó: “Creemos que va a generar crisis en 60 días, concretamente el 15 de enero, cuando tomen posesión los alcaldes en esos 48 municipios. Ese día es muy complicado, es de crisis”.

Yoc aseguró que el riesgo no es solo el 15 de enero, sino que persistirá por los siguientes ocho días posteriores a la toma de posesión de los nuevos jefes ediles.

Varios expertos coincidieron con la visión del magistrado de conciencia.

Para Luis Chávez, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), “será un riesgo no de ocho días, sino de más tiempo; incluso los próximos cuatro años. Visualizamos mayor conflicto local donde los alcaldes electos no alcanzaron la mayor cantidad de votos. Hay municipalidades donde ganaron con 25 por ciento, lo que puede afectar la legitimidad”.

Eso generaría un conflicto entre las autoridades y los comités que hayan presentado otros candidatos, según Chávez.

Con esa advertencia, recomendó que en los lugares mencionados los jefes ediles presenten propuestas de trabajo a los sectores y los consoliden con todos.

Reelección

Edmundo Urrutia, encargado de análisis políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que durante el proceso de observación efectuado por esa entidad detectaron dificultades en donde hubo reelección de alcaldes.

Urrutia sugirió que la reelección es un tema de “debate que se debe llevar al seno de la sociedad política, ya que puede ser conflictivo”.

Agregó que será tarea de las autoridades de seguridad y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) poner atención a los lugares donde hay riesgo por varias razones, pues son posibles “fuentes de conflicto y, eventualmente, de violencia”.

Marco Augusto García Noriega, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), —quienes también tuvieron actividad de observación electoral—, aseguró que hasta ahora no han detectado ningún conflicto, y que el caso de Masagua, donde ayer quemaron la municipalidad, es un problema aislado.

Finiquitos e impunidad

Analistas de Mirador Electoral opinaron que otra fuente de conflictividad es la inscripción de candidatos de manera anómala, pues ahora el TSE y la Contraloría General de Cuentas han confirmado que no podrán tomar posesión si los funcionarios electos no cuentan con finiquito, lo que puede generar incertidumbre.

Para Mirador Electoral, otras causas de conflicto son “las malas prácticas de los partidos políticos” —en referencia a la movilización de personas a los centros de votación—, la compra de votos y la coacción del sufragio, a lo que se suma que esos delitos quedan impunes, lo que genera malestar social.

Los expertos coincidieron en que es necesaria una reforma electoral, aunque difieren en que si la actual normativa debe ser modificada o sería adecuado aprobar una nueva.

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