Guatemala

El Inguat decide anular contrato

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) dio marcha atrás con la intención de contratar la instalación de 53 señales turísticas en las carreteras del país, contrato que se derivó de un proceso de licitación que tenía supuestas irregularidades que fueron señaladas por la subdirectora Maruja Acevedo.

Guatemala no logró mantener atracción de visitantes del 2012, cuando crecimiento fue de 7.5%.

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Pedro Pablo Duchez, director del Inguat, precisó ayer que el informe en el que Acevedo enumeró las anomalías del proceso de adjudicación lo llevó a decidir la anulación del contrato, que había sido adjudicado el 26 de julio último a la empresa CDM Vial de Guatemala, por un monto de Q3.9 millones.

“La razón es muy sencilla: yo le solicité a la subdirectora que hiciera un análisis profundo del evento. Pedí que rindiera un informe y derivado de este estamos decidiendo rescindir el contrato, porque bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que haya anomalías y mucho menos sobrevaloración. Ante todo, vamos a cuidar la calidad del gasto”, precisó Duchez. La resolución donde se rescinde el contrato fue publicada ayer en Guatecompras, a las 15 horas.

Añadió que el 31 de julio, cuando él aprobó lo actuado por la junta de licitación, aún no estaba al tanto de las irregularidades denunciadas.

“Después de que se hace la resolución, a mí me informan que hay vicios en el procedimiento; entonces es cuando le solicito a la subdirectora que haga la investigación. Cuando me la entrega y la discutimos juntos, inmediatamente decido que eso no va”, agregó Duchez.

Proceso transparente

La empresa CDM Vial de Guatemala envió a Prensa Libre, un documento en el que refiere que el proceso fue transparente y apegado a derecho, y que cumplió con la Ley de Contrataciones del Estado.

En el expediente se afirma que ya se venció el tiempo para revertir lo actuado por la Junta de Licitación; además, que el precio no era una condición “significativamente importante para la evaluación de las ofertas”, sino que cumpliera con ser la oferta más conveniente y favorable a los intereses del Estado, y que para precisar la calificación que esa empresa obtuvo se utilizaron fórmulas matemáticas.

La compañía acusa a Acevedo de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, ya que “observó una pretensión maliciosa al retardar y retorcer procesos administrativos”.

Fue por la presión

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, calificó de positiva la anulación del contrato y consideró que se debió a la presión ejercida.  “No obedeció a un cambio de actitud o una disponibilidad de transparencia, sino a la presión pública”, precisó Flores.

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