También presentaron cascos que supuestamente tenían impactos de bala y llegaron cinco soldados que supuestamente resultaron lesionados durante el enfrentamiento, quienes se presentaron en la audiencia con muletas.
El Ministerio Público le imputa a Chiroy no haber acatado la orden de no continuar la marcha hasta el punto de la concentración de manifestantes.
“Los protestantes, al ver al Ejército, interpretaron como una provocación y eso generó que los sacaran con palos y piedras”, dijo el fiscal en la audiencia.
La orden que recibió el coronel de infantería es que debía apoyar y coordinar con la Policía Nacional Civil, a lo cual hizo caso omiso y derivó en el enfrentamiento.
Según el MP, Chiroy huyó del lugar y dejó a su suerte a los soldados.
El picop en que él se movilizaba y un camión del Ejército lograron salir del punto de conflicto, y uno quedó atrapado y fue quemado, por lo que los castrenses empezaron a disparar.
Balas del ejército
La Fiscalía mostró que 108 casquillos recogidos en el lugar del suceso pertenecen a las armas del Ejército, tales como fusiles de asalto tipo Galil.
Las pruebas refutan que los soldados dispararon al aire, ya que algunas de las víctimas mortales tienen balazos en la espalda, expuso el fiscal.
De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las víctimas fueron lesionadas en partes vitales, como pecho, corazón, caderas y extremidades inferiores, y otras tenían hemorragias o se habían desangrado.
El Inacif reporta que los resultados de las necropsias indican que el ataque fue directo, debido al lugar de las heridas.
Oficialmente se registraron seis muertos y 34 heridos de bala.
En su resolución, Gálvez señaló que en principio las autoridades manifestaron que fueron disparos al aire. “Pero por qué hasta ahora están mostrando los cascos que dicen que tienen impactos de bala; eso desde un principio se debió haber dicho”, expresó.
La protesta fue organizada por líderes de 48 cantones de Totonicapán que adversan el alto coste de la electricidad en esa región, las reformas constitucionales y los cambios a la carrera de magisterio.
Ayer, Juana Tacam, presidenta de los 48 cantones, pidió ser querellante adhesiva en el proceso penal contra los soldados.
Seis de los nueve castrenses decidieron rendir su primera declaración, entre ellos Chiroy.
Gálvez refirió que algunos de ellos expresaron contradicciones, ya que uno hablaba que los iban a quemar; otros, a linchar, y respecto de los tipos de armas de fuego que portaban.
Entre las pesquisas, el MP ha logrado recabar más de 250 evidencias.
El delito
La legislación penal guatemalteca tipifica el delito de ejecución extrajudicial en el artículo 132 —bis—.
Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza.
El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años.
Continúan pesquisas
El Ministerio Público no descarta solicitar órdenes de captura contra manifestantes que protagonizaron los disturbios ocurridos el 4 de octubre en la Cumbre de Alaska, kilómetro 170 de la ruta Interamericana, los cuales causaron la muerte de seis personas y heridas a más de 30.
Según Javier Monterroso, asesor del MP, se avanzó en las investigaciones contra los sindicados de haber disparado contra manifestantes, pero también las pesquisas que demuestran que “ellos lanzaron piedras contra fuerzas de seguridad, contra soldados y policías, y los agredieron. Además, quemaron el camión y cometieron delito”.
Monterroso explicó que los delitos son atentado —con prisión de uno a tres años— y daños a bienes del Estado —por la quema del camión del Ejército—.
“Pedimos a líderes de cantones que cooperen… y empiecen a entregarlos o presentarlos ante la autoridad, para que se les inicie procedimiento”, dijo el asesor.
También se investiga si falleció una persona que se dirigía al hospital y no pudo pasar por el bloqueo, y si hay heridos por la acción de un guardia de seguridad privada, se informó.
Un reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses especifica que las heridas que tienen efectivos de las fuerzas de seguridad son superficiales y entre estas figuran esguince en las piernas y golpes en dedos de la mano.
En cuanto a la línea de mando del coronel Juan Chiroy, no se sabe que se hayan girado instrucciones de que dispararan, sino solo de que apoyaran a la Policía, pero “continúan las pesquisas del caso”, comentó Monterroso.
Dispuesto a ofrecer disculpas
El presidente Otto Pérez Molina dijo estar dispuesto a pedir perdón, en nombre del Estado, por las muertes ocurridas la semana última en la Cumbre de Alaska y cuyas primeras investigaciones apuntan a que soldados fueron los responsables.
“Estamos dispuestos a hacerlo; no tenemos nada qué ocultar”, afirmó ayer en Huehuetenango, donde entregó el bono seguro.
Después, el mandatario declinó comentar sobre el supuesto guardia privado señalado por el Gobierno de haber comenzado los disturbios, cuyo paradero se desconoce.
“Escuchamos del Ministerio Público que también había cartuchos de escopeta calibre 12”, se limitó a responder el gobernante.
sectores
Abogan por líderes indígenas
Agrupaciones de mujeres mayas expresaron su rechazo a la intervención de militares en el desalojo de protestas después del enfrentamiento del 4 de octubre entre fuerzas de seguridad y manifestantes en Totonicapán, que dejaron seis muertos.
Rosalina Tuyuc, dirigente de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, expresó que respaldan a Carmen Tacam, presidenta de la Asociación de los 48 Cantones de Totonicapán, y pidieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos que garantice “el cuidado” de los integrantes de la Asociación, ante posibles amenazas, así como de los familiares de las víctimas.
PDH acciona por costo de energía
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) interpuso una acción de amparo contra la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
La PDH reclama la omisión de control y supervisión de parte de la CNEE, respecto de la distribución y cobro del servicio de energía eléctrica o de alumnado público para los pobladores de los 48 cantones de Totonicapán.
Además, ve “la actitud remisa de adecuar la tarifa social a la realidad de las comunidades”.
En el documento que presentó la PDH recuerda las denuncias por el alto costo del suministro, interpuestas por representantes de las comunidades.
Piden fuero militar a detenidos
La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) dijo que ve con preocupación que los ocho soldados y un coronel capturados por las seis muertes ocurridas en la Cumbre de Alaska, el 4 de octubre último, sean juzgados por tribunales civiles.
El vicepresidente de esta asociación, Édgar Godoy, expresó que la Constitución establece que los tribunales militares serán los que juzguen los delitos y faltas cometidas por castrenses, aunque las penas en algunos casos pueden ser más drásticas.
“Muchos tienen la idea equivocada de que estar en el fuero militar es para gozar de prerrogativas, pero en casos como el abandono de la tropa puede ser penado hasta con muerte”, resaltó.
