“La situación de los centros reclusorios en el país es caótica”, sentenció la Minugua hace 22 años. En 2022 las cosas no son distintas, y quizás, según expertos, las cosas son mucho peores y urgentes de resolver.
El experto penitenciario y jefe del Sistema Penitenciario (SP) entre 2008 y 2012, Eddy Morales, aseguró que actualmente la situación es peor, mientras el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, admitió que viven una crisis que no es de ahora, sino de hace 22 años porque no se le ha puesto la atención requerida.
La gota que ha derramado el vaso para esta crisis ha sido la fuga de cinco privados de libertad hasta ahora prófugos, dos de ellos vinculados con estructuras criminales de alta peligrosidad.
Una investigación oficial da cuenta que en los últimos cinco años 15 reos, algunos condenados, han escapado de diversas prisiones del país. Siete fueron recapturados por la Policía Nacional Civil (PNC) y tres más fueron hallados muertos. Cinco siguen prófugos.
El último caso fue el de Juan Manuel Galindo Ortiz, de 37 años, alias el Tonka, quien se fugó el viernes 26 de agosto de la granja penal de rehabilitación Pavón. Galindo es líder de la banda de secuestradores los Cucules.
El Tonka ya había estado preso por narcotráfico en Zacapa, de donde también escapó en 2011. Fue recapturado y cumplió su condena de 12 años en la cárcel de Matamoros.
Galindo se suma a la lista de privados de libertad que se han fugado de prisiones, incluido uno que fue al Hospital General San Juan de Dios y escapó. Otro caso ocurrió el 8 de agosto. Josué Daniel Castillo Gaspar, de 33 años, preso por asesinato y asociación ilícita, plagio y conspiración, se fugó de la granja penal de Cantel en Quetzaltenango.
Castillo Gaspar es mexicano e integrante de los Zetas. Purgaba 150 años de prisión por la matanza de 27 hombres el 14 de mayo de 2011 en Los Cocos, La Libertad, Petén.
El 22 de agosto se fugó de la cárcel de Chimaltenango, el pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha (MS-13) Julio Leonardo Morales Pedroza, quien había sido capturado el 16 de julio por la muerte de un piloto de un bus con destino Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Estaba ligado a proceso.
Una fuente de presidios, que omite su identidad por temor, aseguró que es común que privados de libertad escapen con la ayuda de trabajadores del SP. “En los últimos años han ocurrido por lo menos unas 100 evasiones, muchas de ellas concertadas. Pero nunca se ha investigado internamente”, indicó.
Según la fuente en el caso de pandilleros, por la poca capacidad que hay para identificarlos a su ingreso en el Sistema, muchas veces aprueban de que intercambien la prisión con líderes que siguen operando en las calles.
Para aclarar este y otros temas al respecto, se intentó conversar con las autoridades del SP, pero nunca respondieron a las solicitudes.
Aquel documento que fue entregado hace 22 años por el Proyecto Penitenciario de la Minugua, describía las carencias y fallos del SP y recomendó impulsar la transformación penitenciaria en forma integral. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, el tema siempre ha sido relegado a pesar de la inseguridad que se genera adentro y afuera de las prisiones.
El estudio de la Minugua hizo énfasis en la inacción del Estado para remediar los graves problemas que aquejan al SP, como el hacinamiento, la violencia – dentro y fuera de las cárceles -, las condiciones de supervivencia insegura y la reclusión en condiciones indignas.
El jefe del Interior, Napoleón Barrientos, aseguró que esos problemas son los que le persiguen a la fecha al SP, y por eso han buscado ejecutar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones carcelarias del país.
“Hemos planteado la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, con la que esperamos resolver en cierta medida los problemas de hacinamiento y aislar a privados de libertad condenados y de alta peligrosidad”, expresó.
Será el consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, que lo integran las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación S. A. de C.V., (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., el encargado de construir esta cárcel de máxima seguridad.
La junta licitadora del Ministerio de Gobernación (Mingob) le adjudicó el 11 de agosto el contrato por US$87 millones 906 mil 419.43 a la empresa Itecsa, parte del consorcio Grupo Tradeco con sede en México. Este grupo ha sido señalado de corrupción en México y otros países.
Para el experto penitenciario Eddy Morales en los últimos años solo se han hecho remodelaciones de cárceles y se han instalado nuevas como la de Mariscal Zavala y Matamoros. “El problema actual es que cuando se piensa en una construcción nueva solo se visualiza en sacar ganancia económica”, expuso.
“La cárcel que construirán en Masagua la hará una empresa mexicana señalada de corrupción porque hay un interés económico de por medio. Se ha perdido la visión porque solo quieren sacar ganancia del Sistema Penitenciario”, reveló.
La crisis
Para el experto penitenciario todo lo que se vive actualmente en el Sistema Penitenciario es en parte por el abandono de la institución durante años. “Lo único que han hecho son maquillajes, no se le ha entrado a la Reforma Penitenciaria que está aprobada desde 2015”, expresó.
Morales refirió que al SP no se la ha dado el suficiente apoyo financiero para ejecutar los diez ejes de su reforma. “Esa falta de continuidad más lo que se han aprovechado los que están adentro – funcionarios – y la selección de personas no idóneas y sin vocación penitenciaria, vinculados por política partidista que desconocen interioridades del sistema, hace más difícil todo”, argumentó.
“Esas estructuras se han enraizado y han hecho acuerdos con los reclusos y estos son lo que hoy mantienen el control de los centros de detención penal”, aseveró.
Morales evidenció que “en asociación con algunos malos guardias y directores de cárceles, terminan por confabular una serie de fugas, porque detrás de esto hay una buena cantidad de dinero, porque muchos reclusos con mucho dinero, vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, pueden pagar, y han hecho de su vida como obtener esos recursos para tener un lugar privilegiado en el centro penal donde purga su pena”.
“Adentro todo tiene un precio. Ellos son los únicos que pueden pagar esas cantidades de dinero. Es así como malos guardias, o malos directores, se prestan para las fugas”, señaló.
Morales fue claro en decir que en la actualidad el control de los centros penitenciarios está en manos de los reclusos, y se agrava cuando los mandos superiores no saben qué están haciendo ahí.
Prisión preventiva
Desde aquel informe de la Minugua se destacó el uso indebido de la prisión preventiva, la débil reacción del aparato de justicia penal en los casos de gravedad social y la falta de capacidad para albergar el número actual de detenidos, si se toma en cuenta que la población penal en el país se incrementa cada año.
Los datos de aquel informe revelaban que de 1991 a 1995 el número de la población detenida permaneció relativamente estable, con un promedio de 5 mil 747 personas; en 1995 y 1996 hubo un incremento de 13.6 por ciento, y de 1996 a 1999 aumentó 24.2 por ciento, con lo cual superó la capacidad máxima de las prisiones.
“Mientras la población penal crece, también aumenta el índice de presos sin sentencia, así como de detenidos por faltas como embriaguez y escándalo público”, refiere el estudio.
A causa de ello, dos de cada tres internos -63.2 por ciento de la población reclusa- son personas no condenadas.
Y esto no ha cambiado en la actualidad según el ministro de Gobernación. Por ahora analizan la continuidad de las autoridades de presidios debido a las fugas que han ocurrido y otros casos de corrupción que se han denunciado. No revelaron si habría despidos por los últimos acontecimientos.
Para el experto en temas penitenciarios pasan “los años y se ha incrementado la criminalidad. La capacidad del SP es de 6 mil privados de libertad, pero hoy hay poco más de 26 mil reclusos en 23 centros carcelarios”. La cifra la confirma el jefe del Mingob, y argumenta que ese ha sido un problema serio para mejorar las condiciones. En el SP hay un 400 por ciento de hacinamiento.
“Adentro hay un desorden, el control es de los reclusos, hay corrupción elevada, porque todo tiene precio y es muy fácil buscar la complicidad de los guardias y los directores de las cárceles. Las estructuras de poder se han instaurado y la venta de droga, la talacha, las exacciones a otros reclusos, son pan diario. Todo esto conlleva a un descontrol serio”, expresó Morales.
Según él, nadie en esas circunstancias va a poder controlar un SP obsoleto. “Es el último eslabón de la cadena de justicia, porque seguimos teniendo una visión inquisitoria, que el recluso se muera, sufra, que lo torturen, es una visión de tiempos pasados, cuando realmente la ciencia ha evolucionado bastante”.
Para Morales hoy la idea es rehabilitar para reinsertar, pasando por etapas basadas en ciencia penitenciaria.
“No hay control, no hay programas efectivos, el nuevo modelo de gestión penitenciaria no ha dado resultados. Se necesita renovar una infraestructura penal que data de 1970”, expuso el analista.
Propuestas
La Minugua recomendó en 2000 la puesta en marcha de la Escuela de Estudios Penitenciarios, el desarrollo de una política de educación y capacitación del recluso, el reordenamiento administrativo de la Dirección General de Presidios y centros penales, la elaboración y aprobación de un presupuesto adecuado a las necesidades carcelarias, y la aprobación de la Ley Penitenciaria. Nada de esto ha ocurrido.
Morales, por su parte, propone, primero, retomar la Reforma Penitenciaria como una política de Estado que trascienda a gobiernos, porque es una política pública. Además, que se le dé continuidad en doce años, que son los que se requiere para una reforma real.
También se requiere retomar el control de las prisiones, hacer eficiente los recursos financieros, que son escasos, impulsar programas de rehabilitación efectivos y dignificar la carrera penitenciaria y dejar por un lado las designaciones con tinte político.
“La relación interinstitucional y de coordinación es vital entre las entidades de justicia para deshacinar los centros, para implementar la ley de control telemático, que ayudaría a reducir el hacinamiento y hacer una desprisionalización y solo dejar aquellos casos que ameriten que puedan dañar a la sociedad, que hayan cometido delitos de alto impacto”, enumeró.
Agregó que “hay abuso de la prisión preventiva, eso genera impunidad”.
