También aprobaron dos préstamos: uno por US$300 millones, distribuido en US$85 millones para el Organismo Judicial (OJ), US$20 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), US$20 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) y US$175 millones para el Ministerio de Gobernación, específicamente la PNC y el Sistema Penitenciario (SP). Y un segundo, por US$60 millones, para el Ministerio Público (MP).
Estas modificaciones presupuestarias explican por qué para el 2020 los recursos presupuestados para esas instituciones (OJ, MP, IDPP e Inacif) experimentaron un crecimiento interanual del 22.3% respecto del 2019.
Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para el 2021 se plantea para dichas instituciones un comportamiento hacia la baja respecto del 2020 del -6.3% y una tasa de crecimiento del 14.53% al compararse con el 2019. Ello refleja el impacto del covid-19 en la caída de los ingresos tributarios, situación que repercute directamente en instituciones como el OJ, que goza de un porcentaje constitucional.
Ahora bien, cuando se contrasta el presupuesto solicitado por las instituciones contra el propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas para el 2021, se encuentra una brecha de recursos por Q3 mil 725.8 millones, equivalente al 89.1%.
Dada la prioridad que ha tomado la recuperación económica, el fortalecimiento del sistema de salud y al aumento del déficit fiscal, es difícil esperar que para el próximo año las instituciones vayan a recibir un presupuesto que se ajuste a sus pretensiones. Hay que decir, al momento la dinámica que ha perdurado en los distintos ejercicios presupuestarios es que cada institución planifica de forma individual, para finalmente salir a presionar por mayores recursos. Por eso es necesario incorporar una planificación estratégica interinstitucional que pueda considerar la necesidad financiera de las instituciones vistas como un todo, y así poder definir resultados conjuntos para el sector de seguridad y justicia, entendiendo el aporte de cada entidad.
Pese a lo anterior, la falta de aumento presupuestario no implica sacrificar eficiencia. Hoy, la reconceptualización del papel del Estado debe ser inminente, por lo que el ejercicio de planificación resulta fundamental para dirigir la función estatal, darle trazabilidad a los recursos y estar en condiciones de evaluar técnica y objetivamente sus resultados.
Vienen tiempos de poner en práctica mediciones periódicas de las eficiencias institucionales para retroalimentar las intervenciones que merecen soportarse o bien recortarlas. Es el momento de adoptar la tecnología como una fuente relevante para mejorar el desempeño de las instituciones a nivel individual y en conjunto, sin necesidad de caer en aumentos sustanciales de recursos financieros. La revisión y automatización de procesos, la digitalización de procedimientos, la celebración de audiencias y notificaciones utilizando medios electrónicos, el uso del control telemático para liberar espacios en el SP, entre otros, son algunos ejemplos de prácticas para mejorar el desempeño.
Como caso de estudio, es oportuno citar el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), relativo al Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público, del 16 de noviembre del 2016, quienes al comparar las fiscalías de Chile y Guatemala, evidenciaron la baja eficiencia, considerando que en el 2015 la primera recibió 1.6 millones de denuncias —cuatro veces más que Guatemala— y obtuvo 251 mil 248 sentencias —32 veces más que Guatemala— con 647 fiscales, mientras que la segunda contaba con tres veces el personal fiscal. Ejemplo que separa los logros institucionales con la dotación de recursos públicos.
Finalmente, es importante citar algunas prácticas que comprometen la capacidad financiera de las instituciones analizadas, como que el Congreso de la República reforma o aprueba leyes sin especificar la fuente financiera, como los Q3.2 millones que necesita el Inacif para operar el Banco de datos Genéticos.
El MP se ha trazado para el 2021 tener agencias fiscales en los 340 municipios, lo que genera necesidades financieras adicionales en el IDPP e Inacif para cubrir el servicio. Y estas instituciones, como prestadoras de servicios, utilizan aproximadamente el 90% de su presupuesto en gastos de funcionamiento. Por ello, a pesar de haber recibido préstamos, necesitarán más recursos para financiar sus operaciones.
*Francisco Quezada es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. Posee una maestría en Derecho Económico, Mercantil y de las Operaciones Bancarias y Bursátiles, y Derecho Notarial, en las Universidades Rafael Landívar y Mariano Gálvez.
