El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, Antonio Coro fue enviado este jueves 16 de septiembre a juicio por el cobro de Q3.4 millones como indemnización. 

El Juzgado Sexto Penal resolvió que enfrente debate por el delito de estafa. 

Los miembros de su concejo, también señalados en el caso, deberán enfrentar juicio por peculado por sustracción.

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Uno de sus síndicos deberá ir a juicio por peculado e incumplimiento de deberes. 

El exalcalde de Santa Catarina Pinula fue detenido el 8 de octubre de 2018 porque la Fiscalía contra la Corrupción lo señala de haber cobrado Q3 millones 459 mil en concepto de prestaciones laborales que incluían el pago de indemnización pese a que no le correspondía porque había renunciado.

El caso contra Coro refiere que, en enero de 2015, el Concejo de Santa Catarina Pinula le otorgó prestaciones de forma “excepcional y por única vez” por Q330 mil 234, que incluían Q291 mil 831 por indemnización.

El exalcalde se vio obligado a devolver ese dinero por una auditoría de la Contraloría que determinó que era ilegal.

Sin embargo, posteriormente demandó a la comuna ante un juzgado laboral para cobrar la indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 durante los 15 años de función pública, con lo cual obtuvo un pago de Q3 millones 459 mil.

La investigación sostiene que Coro cobró cada año las prestaciones que reclamó en la demanda, con lo cual hubo una duplicidad en el cobro.

Además, la indemnización solo tenía lugar si Coro hubiera sido por supresión del cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015.

Luego de su captura, el exalcalde dijo en su declaración: 

“Señor juez estaba contento con la indemnización de Q330 mil que me habían dado. Después me dicen que por un reparo de la Contraloría debo devolverlo un año después. Como mi tesis fue el derecho laboral internacional, interpuse la demanda. El monto de la indemnización no lo calculé yo”.

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Coro también enfrenta proceso penal por homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 280 personas en el alud que sepultó al caserío El Cambray 2, el 1 de octubre del 2015.

Sin embargo, en enero del 2016 pagó Q300 mil de fianza y recuperó su libertad en ese caso.