La reunión fue dirigida por la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien dijo que de las 41 fincas, 20 están en investigación y en 21 casos “aún faltan algunos procesos”.
Si las sentencias finales son en contra del Estado, las fincas deberán devolverlas a los propietarios si demuestran que las obtuvieron de manera lícita.
Los terrenos están ubicados en Suchitepéquez, Escuintla, Izabal y Guatemala, y quienes deseen arrendarlos deberán aceptar ser investigados.