La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este lunes 24 de enero un amparo a la Cámara de Comercio de Guatemala por los bloqueos que se efectúan en el país por parte de transportistas que rechazan el pago de un seguro.

La CC ordena a las autoridades que dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

También les ordena que “asuman acciones” para garantizar los anteriores derechos, pero también la libre locomoción de personas y vehículos en el territorio nacional.

Desde temprana hora de este lunes, varias carreteras de Guatemala permanecen bloqueadas por transportistas que le exigen al Gobierno que derogue el Acuerdo Gubernativo 17-2020 relacionado con el seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga cuya entrada en vigor fue ampliado recientemente otros seis meses.

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La CC ordena a las autoridades denunciadas que, en el presente, así como en toda ocasión en la que se anuncie el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública, como mínimo, procedan conforme a directrices.

Entre las directrices están que dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento.

También que asuman acciones en las que, a la vez que se garanticen los derechos antes relacionados, también se observen los derechos de todas las personas, en el territorio nacional, a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad.

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Indica que, en caso de manifestaciones en calles y carreteras, coordinen e implementen acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos realicen sus actividades diarias, sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación.

Además, en caso de ser necesario, habilitar carriles específicos en las carreteras que puedan resultar afectadas, ello para que las personas lleven a cabo las manifestaciones sin interrumpir el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos en cuanto a su libertad de locomoción y movilidad, el acceso a servicios de transporte comercial y de las personas, principalmente deben velar por la libre tránsito de cuerpos de socorro y de las fuerzas de seguridad; así como garantizar el funcionamiento de aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías.

La contratación del seguro obligatorio de los transportistas se debe a los constantes accidentes de tráfico que solo en los últimos cinco meses han dejado al menos 167 muertos en las carreteras del país centroamericano, de acuerdo con registros oficiales.

El acuerdo que los obliga a contratar un seguro fue aprobado en 2020 durante la Administración del presidente Jimmy Morales, pero aún no cobra vigencia debido a la negativa de los transportistas, que mantienen negociaciones con el Gobierno.

El 21 de enero se publicó en el diario oficial un acuerdo en el que el presidente Giammattei prorroga por seis meses la entrada en vigencia del reglamento, mientras continúa el diálogo entre los transportistas y el Ministerio de Gobernación (Interior).

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Los propietarios del transporte de pasajeros y algunos de carga exigen al Gobierno que se elimine la obligatoriedad de contratar el seguro, el cual debe cubrir los daños causados a las personas, a la propiedad privada, pública y al ambiente, entre otros.

La Unión de Transportistas Guatemaltecos solicitó al Gobierno la derogación del acuerdo por considerar que es “nocivo” para la economía de ellos y del pueblo.

Según un comunicado de la gremial, el paro será indefinido por la falta de voluntad del Gobierno de no derogar el acuerdo, ya que en su opinión provocará más pobreza, más migración, además aumento del costo de la canasta básica y de los combustibles.

“Solo se reactivará el servicio cuando se derogue el acuerdo y se publique la decisión” en el diario oficial, según los transportistas.

El Ministerio de Gobernación dijo este lunes que respeta el derecho a la manifestación, pero demandó a los transportistas no utilizar objetos que atenten contra la integridad física ni el patrimonio de los guatemaltecos.