De acuerdo con el viceministro administrativo, Mario René Álvarez Galán, serían entre 250 y 500 brazaletes los que utilizarían.
El proceso de concesión de los aparatos para la compra comenzará en septiembre.
Según el viceministro, la idea es que la empresa que reciba la adjudicación sea la que administre la compra y el cobro de los brazaletes.
El proyecto contempla que los beneficiados con esa medida paguen el costo diario que sería entre US$12 y US$17 –unos Q80 y Q100- como medida alternativa a la prisión.
La empresa deberá encargarse de montar la oficina de administración y seguimiento que estaría a cargo de las autoridades de Gobernación.
Congreso lo aprueba
El 22 de noviembre del año pasado el Congreso aprobó la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal.
La Ley indica que se debe regular la aplicación de control por medio de dispositivos telemáticos, como medio alternativo a la prisión y con la modalidad de localización permanente de los sujetos a proceso penal.
También se aplicará a las medidas de seguridad en casos de protección de víctimas del delito y de violencia contra la mujer.
La normativa indicaba que serían pulseras, tobilleras, brazaletes electrónicos o cualquier otro dispositivo que se conecte por red telefónica o de localización geográfica.
