Laparra se encuentra en prisión desde el 23 de febrero de 2022 bajo los señalamientos del Ministerio Público (MP) de haber filtrado información reservada de un caso de corrupción.
En otro caso, Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables al ser hallada culpable de abuso de autoridad por haber denunciado a un juez que fue investigado por ella, pero de acuerdo con la sentencia, la fiscal no tenía atribuciones para hacerlo.
La primera audiencia de Laparra había sido programada para el 27 de noviembre pasado, pero la Cámara Penal la reprogramó para este lunes 4 de diciembre; sin embargo, el procedimiento volvió a ser suspendido por la Cámara Penal.
La razón por la cual la audiencia de este lunes fue suspendida es porque hay dos recursos pendientes de resolver, uno de ellos del MP y otro de la Fundación Contra el Terrorismo.
La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (Ricigt) calificó en su cuenta de X, antes Twitter, como “indignante” la decisión de la Cámara Penal de suspender la audiencia de Laparra, pues asegura que con eso se postergar “la discusión sobre su libertad”.
“Exigimos justicia y transparencia en el sistema judicial”, detalla la publicación de Ricigt.
La detención de Laparra ha sido criticada por sectores nacionales e internacionales, quienes exigen que sea puesta en libertad.
Recientemente, una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la detención de Laparra es “arbitraria” y pidió “ponerla en libertad”.
De acuerdo con la defensa de Laparra, la exfiscal ha sufrido un deterioro de salud durante el tiempo que ha pasado en prisión y la comisión de Naciones Unidas exigió al Estado de Guatemala “su liberación”, así como “medidas de reparación digna”.
El ente de Naciones Unidas concluyó que el Estado de Guatemala debe investigar las circunstancias en las que Laparra fue encarcelada e iniciar un proceso contra los responsables.
Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.
