“Aplaudimos los pasos de Guatemala para mejorar la Justicia y luchar contra la corrupción”, declaró el ministro canadiense, uno de los países que financia la labor del ente de la ONU, creado en el año 2007 con el fin de desarticular estructuras clandestinas dentro de los aparatos del Estado.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la CICIG, dijo, “son un elemento que promueve el cambio hacia una Guatemala mejor gobernada, más transparente y más justa”, al fin y al cabo, una meta “hacia la que todos avanzamos”.
Pero en este camino, expresó Dion, “nos preocupa” saber que Aldana, al igual que el juez Miguel Ángel Gálvez y otros operadores de Justicia, además de defensores de derechos humanos, “han sido objetos de amenazas e intimidaciones” .
No obstante, agregó, el canciller guatemalteco explicó las acciones emprendidas para garantizar la protección de ambos y dijo que Canadá continuará haciendo esfuerzos para apoyar el sistema de Justicia y la labor de los activistas, para buscar una nación “democrática y segura” con un sistema jurídico “totalmente independiente”.
En septiembre pasado, la fiscal general de Guatemala denunció haber recibido un aviso de “alerta máxima” ante la amenaza de una estructura criminal que busca atentar contra su persona y cuyos miembros aún no fueron identificados públicamente por las autoridades.
En junio pasado, la fiscal denunció la posibilidad de que el crimen organizado estuviera planeando “un atentado” en su contra, motivo que llevó al Gobierno del país a redoblar su seguridad y la de su familia después de que recibió una serie de amenazas e intimidaciones de las que hasta el momento se desconocen los autores.
Desde abril de 2015, la CICIG y la Fiscalía han desmantelado una serie de estructuras de corrupción en la que además del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti están implicados altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios y otros particulares, que han saqueado las arcas del Estado.
