Nineth Montenegro, jefa de EG, indicó la mayoría de los centros de detención no están teniendo ningún control en las llamadas, pese a que se estableció que debía haber un bloqueo total de la señal, debido a que se ha detectado que la mayoría de las llamadas de extorsión proviene de las cárceles.
A la actividad fueron citados personeros de las empresas telefónicas, de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y del Sistema Penitenciario pero no acudieron.
Empero Montenegro presentó un listado con el detalle de las cárceles que aún no han sido bloqueadas.
Los diputados afirmaron que por el incumplimiento la SIT debió haber impuesto multas de Q300 mil a Q500 mil, según la Ley, pero no lo hizo.
A la fecha debieron haberse realizado dos monitoreos más, pero se desconocen los resultados o si se llevaron a cabo.
