Los juzgadores Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno cuestionaron que el fiscal Carlos De León no aportó algún documento que sustenta que los exinvestigadores abandonaron el país en enero pasado, cuando el presidente Jimmy Morales Cabrera, de forma unilateral, anuló el convenio de la Cicig.

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“Su aporte a este caso es valioso debido a que se centra en el análisis financiero de los procesados, así como las plazas fantasma en el Registro General de la Propiedad”, mencionó el fiscal De León.

Se trata del chileno Francisco Javier Contreras Arellano, la chilena Andrea Carvallo Melo y los colombianos Arely Yuli Carreto Pineda y Erick Richard Cardona Marin.

El fiscal reconoció que el testimonio se debía realizar desde las sedes diplomáticas de Guatemala en los países de origen de los exagentes.

De León adelantó que pese a que el Tribunal rechazó su solicitud, volverá a solicitar que declaren cuando tenga los documentos.

En este debate están sindicados Samuel Morales Cabrera y su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente, por fraude.

Testigo señala a amigo del presidente

Durante la audiencia este jueves, el testigo Julio Leonardo Díaz Mejía señaló que Gilmar Othmar Sánchez Herrera, diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), le pidió llenar una factura por un evento inexistente.

Eso ocurrió “días antes” del 2 de diciembre de 2013, cuando él era cajero del restaurante Fulanos y Menganos. El monto de la factura fue de Q90 mil para el Registro de la Propiedad.

A las preguntas del fiscal acerca de la capacidad del restaurante para preparar 564 desayunos, el supuesto servicio que debía cubrir el restaurante, el testigo aseguró que no, porque solo había platos desechables cuando el evento en el Registro era tipo bufet.

“El aporte del testigo es valioso para la Fiscalía Especial contra la Impunidad debido a que confirma la existencia de la factura por Q90 mil y que el restaurante no tenía la capacidad para el evento. Además, según la investigación, jamás se realizó”, dijo De León.

Sánchez Herrera fue despojado de la inmunidad el 30 de noviembre del 2017 por la investigación de este caso. Desde esa fecha ha interpuesto acciones que han detenido el proceso, que ya está en el Juzgado Sexto Penal.

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