Lobos aceptó haber actuado como testaferro del empresario William Balz Gallardo en la venta del edificio que se vendió por Q35 millones al Ministerio Público (MP) durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana.
El sindicado admitió ante la jueza haber sido testaferro y señala como principal operador de la venta del edificio al empresario William Balz Gallardo.
De esa cuenta, la jueza Cifuentes dictó sentencia condenatoria contra Lobos de tres años y cuatro meses de prisión conmutable a Q5 diarios.
El MP solicitó una pena de 8 años de cárcel y Q50 mil de multa; sin embargo, la jueza determinó que la sentencia sería de tres años y cuatro meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios, así como el pago de Q33 mil de multa.
Lesivo
El 25 de septiembre de 2020, el MP declaró la lesividad en el contrato de compra del edificio de la zona 5 de la capital, durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana y por el cual tiene orden de captura.
En el documento, firmado por la Fiscal Consuelo Porras y por el secretario general del MP, Rony López Contreras, se detalla que el 11 de octubre de 2017 el MP, a través de la Jefatura Administrativa suscribió el contrato de compra-venta del edificio, ubicado en la Diagonal 14, bulevar de La Asunción 21-32, Colonia Arrivillaga, zona 5, de la ciudad de Guatemala.
Según el MP, se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala el contrato de compra-venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.
El caso
El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.
La orden de captura contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa del 13 de septiembre de 2019.
Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.
El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.
Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.
