Un total de 17 personas ligadas a proceso en el caso Fénix, sobre lavado de dinero de un desfalco en el IGSS, recibieron fianzas de Q150 mil a Q400 mil, informó el Ministerio Público (MP).

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Quién es Gustavo Herrera, el operador político a quien el MP pidió capturar por un caso de lavado de dinero

El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió esa medida de coerción y solo Sergio Alfredo Herrera Acevedo quedó en prisión preventiva.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que las personas con fianza son:

1. César Augusto Sandoval Morales
2. Juan Ramos Felipe
3. Leonardo Ezequiel López Sarceño
4. Mario Arriola Cuc
5. Mario Rolando López Sarceño
6. Rodolfo Isaías Samayoa Escobar
7. Rubén Reyna Soto
8. Walter Silvino Herrera Orozco
9. Walter Antonio Vargas
10. Claudia Lili Guerra Lucero
11. Francis Estuardo Cux
12. Irma Johanna Pinto Cifuentes
13. Marco Antonio Mendoza Gramajo
14. Martha Eugenia Reyes Archila De Cortes
15. Lesly Patricia Velásquez
16. Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
17. Jorge Mario Álvarez

Todos los anteriores fueron ligados a proceso por lavado de dinero u otros activos. Sandoval informó que la Feci pidió aquella medida de coerción para la mayoría de los implicados.

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El caso

La Feci señaló a esas personas que haber integrado una red que usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003 del cual fue el cerebro Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanquedo habría sido sustraido del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., financieras vinculadas a Herrera, habrían vendido por Q232.7 millones, cuando le habrían costado Q220 mil. Hasta julio de 2013, las autoridades habrían recuperado Q228.5 millones de los Q350 millones defraudados.

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