A un día de que se celebre una manifestación popular contra la aprobación del presupuesto de 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que las autoridades deben actuar para proteger los derechos de quienes protesten.

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El tribunal otorgó un amparo provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y en consecuencia hizo consideraciones al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), que figuran como autoridades impugnadas.

También deberán preservar el orden público a efecto de que no haya bloqueo de carreteras o se restrinja la libertad de trabajo.

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Para la CC, la autoridad debe actuar para que, por un lado se celebren las manifestaciones, pero a la vez se mantengan los derechos de locomoción de personas y vehículos y el ejercicio de las libertades y derechos constitucionales.

También pidió a la PDH y a la PNC y Gobernación que tomen medidas para evitar que las concentraciones de personas se conviertan en contagios de covid-19.

La manifestación ciudadana será mañana sábado 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución, el Congreso y en parques de cabeceras departamentales para repudiar la forma en que los diputados aprobaron el gasto de 2021 que ha sido considerado ajeno a las necesidades de Guatemala, excesivo en deuda y consensuado entre sospechas de opacidad.