Según el fallo de la CC, a Torres le fueron violentados los derechos al debido proceso y de defensa.
La medida mencionada le fue impuesta a Torres desde el 12 de enero del 2012, por solicitud del Ministerio Público (MP) y del Partido Patriota.
La investigación contra la exesposa de Colom se inició luego de que Roxana Baldetti, cuando era diputada del PP, en el 2010, la denunció por no haber acudido a una cita de esa bancada para responder sobre sus funciones en el Consejo de Cohesión Social.
La querella fue ampliada porque, según Baldetti, la sindicada usurpaba las funciones del entonces vicepresidente, Rafael Espada.
