Cámara de Periodismo rechaza veto a libre expresión

Preocupación y alarma ha originado en círculos periodísticos una propuesta del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) de que se sancione penalmente toda expresión que niegue que en Guatemala ocurrió genocidio.

Héctor Reyes,  abogado de Caldh, en el juicio.
Héctor Reyes, abogado de Caldh, en el juicio.

La petición fue formulada el lunes recién pasado por el abogado Héctor Reyes, de Caldh, en la audiencia de reparación para las víctimas del supuesto genocidio contra la etnia ixil, que fue presidida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, dentro del juicio contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez.

Entre las 30 peticiones que leyó Reyes, 12 de las cuales fueron aprobadas, figuraba la siguiente, que fue rechazada: “Disponer que el Poder Ejecutivo promueva al Congreso de la República la emisión de un decreto legislativo que sancione penalmente toda expresión que niegue el genocidio en Guatemala. Así como aquellas expresiones o manifestaciones de contenido racial y discriminatorio según las recomendaciones y observaciones emitidas por organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte”.

Extrañeza

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) expresó ayer su rechazo categórico a la pretensión de Caldh de emisión de una ley mordaza en contra de los medios de comunicación que nieguen la existencia de genocidio en Guatemala, y manifestó su extrañeza y preocupación de que la iniciativa provenga en especial de una organización que se proclama “defensora de los derechos humanos”.

Sorprende a la CGP que la citada entidad promueva acciones que tienden a violar directamente el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, que está consagrado en la Constitución de la República, la Ley de Emisión del Pensamiento, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros acuerdos internacionales de los que Guatemala es signataria.

Llamado a rechazo

La citada entidad de Prensa exhorta a otras organizaciones gremiales y a los medios de comunicación y a entidades que velan por el respeto a los derechos humanos a pronunciarse en rechazo de esta propuesta y a que se mantengan vigilantes “ante las abiertas y descaradas amenazas a limitar sus derechos constitucionales”.

La CGP demanda en particular los pronunciamientos de Frank La Rue, exdirector de Caldh y actual relator de las Naciones Unidas para la protección de la libertad de opinión y expresión, y del procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque.

También exhorta a la ciudadanía para que “ejerza y defienda de manera responsable el derecho a la libertad de expresión sin censura previa”.