El delito que se les imputa a los dos es caso especial de estafa. Ambos fueron enviados a juicio a finales de agosto de 2013.
Según las pesquisas, Cordón y Alvarado son señalados de ser presuntos miembros de una red dedicada a desfalcar los fondos de la comuna de Chinautla por medio de la recaudación del IUSI.
La empresa de la cual eran representantes fue contratada para recaudar el impuesto, y por esa tarea fue beneficiada con una comisión correspondiente al 15 por ciento de lo cobrado.
La Contraloría General de Cuentas denunció en el Ministerio Público (MP) que la acción constituye delito, ya que fueron empleados de la comuna quienes participaron en estos actos.
Con información de Jerson Ramos
