A través del Acuerdo 35-2016, la CSJ establece que la DSI tiene como misión dirigir, orientar, coordinar y evaluar los procesos y procedimientos para proteger al presidente del OJ, magistrados de la CSJ, magistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados, jueces de primaria instancia y de paz, así como resguardar la infraestructura en todo el país.
La DSI también podrá “proteger a otros empleados del OJ, cuando su situación de riesgo excepcional a sí lo recomiende”.
La publicación estipula que los miembros de la nueva dirección podrán portar armas de fuego en todo el país, únicamente para el desempeño de las actividades del servicio, para lo que recibirán capacitación certificada sobre el empleo y manejo de estas.
@OJGuatemala crea la Dirección de Seguridad Institucional, para jueces y magistrados. pic.twitter.com/0CdosVNK2q
— Alex Rojas (@alexr_pl) September 21, 2016
Amenazas constantes
En junio de este año, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, afirmó que un total de 48 jueces y magistrados han sido víctimas de amenazas.
Las denuncias de intimidación provienen de todo el país y la mayoría de amenazados son jueces de Instancia Penal, afirmó el funcionario.
La magistrada Marisol Figueredo, integrante de la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla, denunció ese mes que el Organismo Judicial respondió que no hay personal para garantizar su seguridad ni la de sus compañeros Igmaín Galicia Pimentel y Wendy Angélica Ramírez López.
La Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla —que tiene su sede en uno de los departamentos más violentos del país— se ha pronunciado en relación con asesinatos, violaciones, comercio y tráfico de estupefacientes.
Entre los amenazados también se encuentra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien ha conocido casos de corrupción como La Línea y Cooptación del Estado.
