En la actualidad, según datos del Sistema Penitenciario, 40 privados de libertad están recluidos en los hospitales, protegidos por policías y guardias penitenciarios.

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“Todos los casos fueron ordenados por un juez o tribunal competente y se mantiene la vigilancia, según sea el perfil del privado de libertad. Puede ser dos, tres o cinco guardias”, añadió Esquivel.

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Un informe al que tuvo acceso Prensa Libre, del 1 de enero al 31 de julio del 2018, las infecciones respiratorias agudas son las enfermedades que suman más casos. Según se indica, en las 21 cárceles han sido atendidos dos mil 237 hombres y 503 mujeres por esas afecciones.

Mil 550 hombres y 449 mujeres han sido atendidos por  inflamación de la piel suman.

La cantidad de enfermos podría deberse al  hacinamiento en las prisiones que fueron diseñadas para seis mil personas  pero albergan a 24 mil.

Por ahora el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) está a la espera de la resolución de un amparo que interpuso en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se autorice la liberación de   seis reclusos que  cumplen condenas y  padecen enfermedades graves.  

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“La lección que nos dejó la muerte de Barquín es recordar lo que garantiza nuestra Constitución, velar por la vida de las personas. Cuando una persona está privada de libertad pierde la libre locomoción y depende completamente del Estado para mantenerse con vida si sufre algún quebranto de salud”, afirmó Raúl Robles, director técnico del IDPP.

Critican sistema

La muerte de Barquín Durán, debido a su estado de salud, fue criticada ayer  por varios diputados, ya que había solicitado  libertad condicional.

El abogado Juan Rodolfo Pérez opina que lo sucedido a Barquín Durán se  refleja  en que “la sociedad exige cárcel, y esto hace difícil que los jueces puedan ser independientes”.

“Barquín no podía representar ningún inconveniente a la investigación porque ya había finalizado. Fue víctima de un socavamiento al sistema de justicia”, añadió   Pérez.

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El Ministerio Público (MP) será notificado acerca de la muerte de Barquín Durán esta semana y será hasta que la jueza Éricka Aifán fije la fecha para celebrar la audiencia de ofrecimiento de  pruebas que quede acreditada la suspensión de la persecución penal.

El lunes último, durante  la sesión de jefes de bloques en el Congreso, se solicitó a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura que presente una denuncia para que se investigue quién tuvo la culpa del deceso.

Para algunos  políticos la muerte de Barquín  es una flagrante violación a los derechos humanos, mientras que Carlos Solórzano, relator contra la tortura, opina que  se trata de una consecuencia del  abuso de la prisión preventiva.

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