Política

Ingobernabilidad, racismo y desigualdad son las razones de la conflictividad

Guatemala es un país que tiene una gran variedad de problemáticas sociales que al final desembocan en conflictividad, lo que obliga a las autoridades a intervenir sobre la marcha y con ello logran palear las situaciones, pero no dar soluciones verdaderas.

Por Carlos Álvarez, Andrea Orozco y Sergio Morales

Guatemala es un país que tiene una gran variedad de problemáticas sociales que al final desembocan en conflictividad, lo que obliga a las autoridades a intervenir sobre la marcha y con ello logran palear las situaciones, pero no dar soluciones verdaderas.

Esta es una de las conclusiones de un grupo de expertos, luego de analizar la situación actual del país. También indican que esta situación tiene raíces históricas, y la solución solo es factible con planes reales que tienen que aplicarse a largo plazo.

Según el Sistema de Información Geográfica de Conflictos (Sigec), de la Comisión Presidencial del Diálogo, actualmente hay activos 170 focos de conflictividad, divididos en inconformidades agrarias, de energía, derechos civiles, sobre políticas públicas y recursos naturales.

Sin embargo, los datos son variables cuando se toman como referencia otras instituciones, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que cuenta con un mapa de escenarios sociales e identifica 310 puntos donde potencialmente se pueden violar derechos fundamentales, razones que luego desencadenan conflictividad social.

A esto habría que sumarle que según la distribuidora de energía Energuate, actualmente en el país hay alrededor de 600 comunidades que tienen algún tipo de problema relacionado con conexiones ilegales del suministro de energía eléctrica y potenciales puntos de conflictividad.





Causas

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, señaló que en el país hay dos grandes problemas estructurales, los que hacen que Guatemala no salga del subdesarrollo y por lo mismo exista una alta prevalencia de conflictividad social; estos son “la desigualdad y el racismo”.

“La desigualdad, porque una inmensa parte de la población se encuentra en la pobreza y pobreza extrema, eso lo hace no tener alcance a una vida digna y eso es un limitante para el desarrollo”, dijo Rodas.

Sobre el racismo, el procurador aseguró que “invisibiliza a la mayoría de la población, que son los indígenas, y si se le agrega el tema de género, es decir un país machista; por eso es que se tiene un país con grandes rezagos”.

El magistrado de conciencia también señaló que otros factores que potencializan los conflictos sociales son la falta de acceso a servicios básicos de calidad, como la salud y la educación.

Para el historiador Mynor Carrera, la principal causa de conflictividad actual es la ingobernabilidad. Señaló que esto pasa por la falta de compromiso de las autoridades.

“Cuando las autoridades llegan al poder se olviden de sus propuestas y promesas. Pasa que actúan por ellos mismos”, expuso Carrera.

Para el historiador hay dos situaciones que también contribuyen a que el clima de conflictividad se mantenga en el país, una de ellas es que no existe una figura de diálogo, la otra es la corrupción.

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“Por ejemplo, si las personas tratan de expresarse y no los escuchan, lo llevan a cabo a través de la fuerza. Pensaríamos que a estas alturas y por el avance de la humanidad no deberían darse estas situaciones, pero la realidad es que aún caminamos por este proceso democrático”, dijo Carrera.

El sociólogo Ricardo Saenz de Tejada, señaló que una de las principales características de la conflictividad en el país es que se trata de solucionar los problemas sobre la marcha y no con propuestas de fondo.

Agregó que es evidente que el Estado no es capaz de cumplir con sus obligaciones, como brindar seguridad, educación y salud a sus ciudadanos.

“Vemos una incapacidad para responder a las demandas ciudadanas y, eventualmente, como lo plantean algunos grupos, es necesario pensar una refundación del Estado”, precisó.

El experto tomó como ejemplo el reciente caso de la supuesta retención del alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango. “Las comunidades recurren a estrategias extremas ante la falta de respuestas, como lo que vemos ahora —en Coatepeque— y en otras localidades. Ahora que se da la situación vemos a la institucionalidad pública atendiendo el problema, algo que ya existía desde antes”, señaló Saenz de Tejada.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos verifica el protocolo de desalojo en Coatepeque, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: cortesía PDH)
Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos verifica el protocolo de desalojo en Coatepeque, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: cortesía PDH)

El sociólogo indicó que una de las situaciones que provoca que en las comunidades exista conflictividad es “el cansancio legítimo de las personas que presentan sus denuncias y quejas a las entidades del Estado, no reciben respuesta y recurren a medidas de hecho para llamar la atención”.

“El conflicto eventualmente puede ser una oportunidad para dar soluciones de fondo a los temas”, razonó.

Las causas son diversas

El politólogo Miguel Castillo señaló que no se tiene que poner “en el mismo costal todo lo que se denomina conflictividad social”.

Castillo dividió la conflictividad en distintos etapas y tipos. El primero, sería “aquella que se da por la ausencia del Estado”.

“En esto hay básicamente dos temas: uno es el tema del agua, pero no el relacionado a las hidroeléctricas, sino a que el agua cada vez es más escasa, los ríos están cada vez más contaminados y no hay legislación ni política”, explicó Castillo. Señaló que esto históricamente no fue así, sino que es en los últimos tiempos que se han generado conflictos.

El segundo tema es la falta de certeza jurídica en la tierra. “Lo que sobra en este país son papeles. Por ejemplo, si sumamos la tierra que está registrada en el país en papeles el país sería de dos pisos. Esto es fuente de tensión permanente”.

Castillo indicó que otro tipo de conflictividad es aquella de tipo ideológico “que es aquella que se da en oposición a un modelo económico”.

“Ahí se encuentra todos los problemas alrededor de la minería, hidroeléctricas e industria. No es necesariamente un tema de sentido sino una posición ideológica por diversos grupos”, aseveró.

Por último, está la conflictividad que podría decirse que prácticamente raya con la ilegalidad, es decir, toda aquella que tiene ver que con las conexiones ilícitas y robo de energía eléctrica.

Castillo explicó que esta lo que provoca además de los problemas sociales es un impacto en la economía del país pues esto desincentiva la inversión pues es muy difícil que alguien busque invertir en el país con este tipo de problemas.

Agentes antimotines se preparan para desalojar a un grupo de inconformes, en el kilómetro 216.5, Coatepeque, Quetzaltenango, en junio pasado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Agentes antimotines se preparan para desalojar a un grupo de inconformes, en el kilómetro 216.5, Coatepeque, Quetzaltenango, en junio pasado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Causas Históricas

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y Neftaly López, de Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), coincidieron en que las causas de la conflictividad es el abandono histórico de las áreas rurales que fueron las mismas que originaron el conflicto armado interno.

Añadieron que después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, la conflictividad se ha incrementado por las concesiones, sin consulta a las comunidades, de proyectos hidroeléctricos y mineros, así como un aprovechamiento de las tierras y los ríos para monocultivos, como caña de azúcar y palma africana, banano y hule.

“Los problemas estructurales nunca son resueltos y solo para los procesos electorales llegan a ofrecer bolsas de comida o fertilizante. No es la solución”, opinó Pascual.

Al respecto de las causas de la conflictividad, López dijo que aparte de que no hay empleo, tampoco hay escuelas, vivienda y salud para las comunidades campesinas: “No hay Estado para las comunidades indígenas y campesinas y la institucionalidad está ausente ante las demandas y necesidades de la gente.

Ambos dirigentes dijeron que el movimiento campesino se ha criminalizado. Recordaron los señalamientos que ha hecho el jefe del Ejecutivo, Jimmy Morales, quien dijo que hay mil 900 denuncias contra dirigentes de Codeca.

También señalaron que Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, dijo, durante la retención de Alfonso García Junco, alcalde de Coatepeque, que la organización "roba energía y ahora secuestra", cuando en ese municipio no tienen afiliados.

Según López, ese tipo de declaraciones alimentan el odio en contra de las organizaciones campesinas y no descartó que esos discursos hayan servido de aliciente para asesinar a por lo menos ocho de sus integrantes.

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En aumento

El año electoral será un factor para que la conflictividad aumente en el país, asegura el comisionado Presidencial de Diálogo, Sergio Flores. Esta instancia ha detectado entre mil 800 y dos mil conflictos.

“La conflictividad no se perfila a la baja, al contrario, estamos entrando a un periodo electoral y por la cultura autoritaria que hay en la sociedad, muchos líderes que se perfilan para un cargo público la utilizan para levantar una bandera política”, aseguró Flores.

Los principales focos de conflicto se deben a problemas de tierras o por la energía eléctrica, en este último caso, se incrementaron el año pasado y tomaron más fuerza este año. “En todo el país hay una serie de conflictos que estallan como cohetes”, dijo el comisionado.

Según Flores, desde la Comisión Presidencial se hacen esfuerzos por resolver los conflictos desde el diálogo y por la vía democrática, con lo cual se han resuelto varios, pero, lejos de que el problema se reduzca en el país, esto podría incrementarse.

“Es imposible que se acaben los conflictos, la vida humana estructuralmente es conflictiva, pero se pueden manejar de forma pacífica y democrática. En el caso del Estado, el gobierno ha instaurado la comisión más fuerte que las versiones anteriores”, aseguró el funcionario.

Para este año, la Comisión Presidencial de Diálogo tiene un presupuesto de Q10 millones, dinero que se ha dado “a cuenta gotas”, señaló Flores, quien pidió que el recurso financiero se incremente “por lo menos al doble”, pues este problema no se terminará.