“Esta situación, sumada a una difícil implementación por parte de las instituciones, ha resultado en la existencia de muy altos niveles de impunidad electoral”, afirmó el Comisionado.
Destacó que, del 2007 a mayo del 2015, el Ministerio Público (MP) solamente ha conocido 326 denuncias, y de estas, un número muy inferior ha recibido un tratamiento que permita tener salidas procesales positivas.
“En relación con el padrón electoral, se confirma que el número de denuncias es proporcionalmente bajo, motivo por el cual es posible inferir un notable subregistro de delitos electorales”, destacó Velásquez.
No hay denuncias
Por los registros tan bajos de los últimos años, Velásquez precisó que “podría decirse que no existe en Guatemala una cultura de denuncia de delitos electorales”. Como ejemplo citó: “Excepto la formulada ayer, no hay denuncias por financiamiento ilícito en los ocho años examinados en el MP”.
“Hay una alta impunidad en delitos electorales, cifras que oscilan entre el 95 por ciento y el cien por cien de impunidad; es decir, Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia”, afirmó Velásquez.
Debilidad institucional
En el informe, la Cicig resaltó que en el 2010 el Congreso aprobó el delito de promoción, propaganda, campaña o publicidad anticipada, y que “lamentablemente, este tipo penal fue declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 27 de febrero del 2011, imposibilitando de tal forma el accionar sancionatorio de las instituciones de justicia penal y facilitando la continuidad de estas prácticas de las organizaciones políticas, las cuales son lesivas al principio de transparencia y a la democracia”.
Otro ejemplo es la falta de controles para garantizar que los partidos no gasten más de lo autorizado en un proceso. Es por ello que en los comicios del 2011, con dos excepciones, todos los partidos que participaron gastaron más de lo que reportaron como ingresos.
“De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, más de Q300 millones no fueron reportados como ingresos de los partidos y fueron empleados en la campaña electoral”, dijo el Comisionado.
Resaltó que tres partidos fueron los que superaron el límite de gastos establecidos por la Ley y dos de ellos fueron los que más votos obtuvieron en las elecciones para la Presidencia y la Vicepresidencia.
Urgen reformas
Afirmó que el régimen de sanciones es muy débil y resulta insuficiente, por lo que la Cicig afirmó: “Debe apoyarse la aprobación del proyecto de reformas para el fortalecimiento del régimen político electoral del Estado de Guatemala presentado por el TSE al Congreso, el cual contiene modificaciones a la Ley Electoral”.
“Consideramos que estas reformas constituyen un paso importante para la transformación del sistema electoral”, aseguró.
