La Comisión Presidencial Contra la Corrupción informó este miércoles 25 de noviembre que presentó en el Ministerio Público (MP) una denuncia penal contra el ex titular de la Dirección General de Caminos, el ingeniero Fredy Chojolán Duarte.

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Según la Comisión, el exfuncionario es denunciado de haber incurrido en actos ilícitos al haber adjudicado contratos a varias empresas de sus familiares.

De acuerdo la documentación proporcionada al MP, Chojolán Duarte durante julio y agosto de este año favoreció a  empresas relacionadas con sus primos William Haroldo Romero Chojolán y Héctor Leonel Romero Chojolán, accionistas y/o socios fundadores de las entidades Constructora J.J.R.M., Sociedad Anónima; Construcciones y Servicios Romero, S. A.; Construcción y Supervisión Proyectos CSPROYET; y, Constructora Romero.

Más de Q145 millones

También favoreció a su prima Ericka Marlene Tahuite Chojolán, vinculada con la empresa Servicios y Construcciones Mega S. A.; con adjudicación de ofertas (contratos de obra) que en total suman Q146 millones 384 mil 249.10.

El director ejecutivo de la Comisión, Oscar Dávila, informó que el expediente entregado al ente investigador contiene información de los eventos y contratos adjudicados por la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (ambas dependencias del Ministerio de Comunicaciones).

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Añadió que las referidas entidades vinculadas a los familiares del exdirector General de Caminos fueron favorecidas para ejecutar proyectos de infraestructura vial, en el periodo que éste fungió como tal.

Tema de los Q135 millones

“Esta denuncia la veníamos investigando administrativamente desde de marzo del año en curso; profundizamos y revisamos los procedimientos administrativos y financieros durante la gestión del señor Chojolán, por lo cual hemos dado seguimiento a otra línea de investigación, entre la que se encuentra el caso de la transferencia presupuestaria de Q135 millones en la relacionada dependencia”, señaló Dávila.

Añadió que en la denuncia presentada se acompañó documentación de soporte, esperando siga su curso en el MP hasta que se diluciden los hechos señalados y se individualice a todos los actores”.

“Desde ya patentizamos nuestra colaboración al ente investigador en el seguimiento del presente caso. Nuestra función es prevenir y combatir la corrupción en las dependencias del Organismo Ejecutivo, así como plantear las acciones legales que permitan recuperar los fondos públicos defraudados”, aseguró Dávila.

El pasado 26 de octubre, durante una citación en la Bancada UNE, ni Chojolán, ni el ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, pudieron responder por el destino de Q135 millones que fueron transferidos, supuestamente, con firmas falsificadas.

Esta situación desató una ola de indignación en redes sociales en donde las personas exigen que se dé una explicación del destino de los Q135 millones.