La gremial había hecho pública la denuncia que con las disposiciones de la Digessp estaba en riesgo 35 mil empleos generados por las empresas de seguridad privada.
Según la gremial, las “disposiciones administrativas fuera del orden jurídico” desde la Digessp ponían en riesgo la existencia de las empresas.
Empresas de seguridad que no llenaron requisitos de ley habrían presionado para destituir a Patricia Monge de DIGESSP. Vía @JulioLara_PL.
— Prensa Libre (@prensa_libre) June 26, 2015
La Digessp había elevado los trámites y exigía a todas las empresas la licencia de operación de los agentes de seguridad, permiso de operación de vehículos de transporte de valores, seguridad electrónica y capacitación.
Para la gremial, la Digessp estaba exigiendo una licencia que la ley no obligaba a pagar a las empresas ya constituídas, solo a las nuevas, sin embargo la disposición había sido general con la llegada de Monge a la Dirección.